Los puertos españoles de titularidad estatal como el de Vigo operarán desde hoy tensionados por el anuncio de más movilizaciones, aparte de la huelga parcial convocada a partir del próximo lunes, lanzado ayer por los sindicatos de los estibadores. "No tenemos otra salida", justificó el portavoz de la central mayoritaria Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, a las puertas de Fomento tras poco más de una hora de reunión con representantes de este ministerio encabezados por su titular, Íñigo de la Serna. Ante las posturas irreconciliables, el número 2 de Fomento, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, dio por rotas las negociaciones al tiempo que ratificaba la aprobación este viernes por el Consejo de Ministros del decreto-ley que reforma el sector de la estiba, una modificación obligada desde diciembre de 2014 por sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
A partir de que el Consejo de Ministros apruebe el texto, comienza la tramitación parlamentaria. El Congreso de los Diputados dispondrá de un plazo máximo de 30 días para dar luz verde al decreto-ley, o por el contrario, rechazarlo. Al gobernar en minoría, el Partido Popular necesita del apoyo de otras fuerzas políticas para sacar adelante su propuesta. Y no lo tiene fácil. El PSOE todavía no ha expresado oficialmente su posición pero cada día cobra más fuerza la hipótesis de que votará en contra. Sobre todo desde que Susana Díaz, la presidenta de Andalucía -donde puertos como Algeciras emplean a la mayor plantilla de estibadores, con 1.600 de los 6.150 de toda España- se posicionase pública y claramente con el colectivo al declararse a favor de que Fomento consensuase la reforma con los trabajadores.
Al Gobierno le urge aprobar el decreto, y cuanto antes. Solo así la Comisión Europea archivaría la sanción que, según el Ministerio de Fomento, alcanza ya los 21,5 millones de euros por la inadecuación del sector de la estiba española a las directivas europeas. Pero es que además "está al caer", en palabras del propio ministro, otra segunda sanción por incumplimiento de la citada sentencia del Tribunal de Justicia Europeo por importe diario de 134.000 euros a contar desde el dictamen de esta resolución judicial, diciembre de 2014.
Los sindicatos reaccionaron a la ruptura de las negociaciones con Fomento levantando el pie de guerra. Y no se contentarán con la convocatoria de paros parciales prevista en las horas impares de los días 20, 22 y 24 de febrero. El portavoz de Coordinadora, Antolín Goya, lo dejó claro ayer a la salida del encuentro con Fomento al que asistieron, además, directivos de la patronal de las estibadoras, Anesco. "Si este viernes se aprueba la reforma nos obligarán a plantear otros preavisos de huelga. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Esperar en casa a que nos llegue la carta de despido?", se preguntó.
El distanciamiento entre Gobierno y sindicatos parece insalvable a tenor de los argumentos lanzados desde ambas partes. Mientras los sindicatos reprochan a Fomento su "postura cerrada" e "incapacidad para moverse de su posición inicial", el ministerio culpa al colectivo de "no tener ningún interés de negociar" al presentar el mismo documento de julio de 2015 "que recoge cuestiones que la Comisión Europea rechazó totalmente y por escrito", como por ejemplo, un registro de trabajadores y una restricción a la libre contratación. Según Gómez-Pomar, la subrogación, las relaciones laborales o la organización del trabajo "son asuntos propios de los convenios colectivos que deben adaptarse al nuevo sistema y para cuya negociación sindicatos y empresas tienen un año de plazo", emplazó.
Firma de servicios mínimos
El secretario de Estado adelantó que anoche el ministerio firmaría la resolución de servicios mínimos ante la huelga de la próxima semana. Coordinadora garantiza la cobertura del 50% de la jornada laboral ya que al celebrarse los paros solo en las horas impares se trabajarán 12 diarias. Además los sindicatos se han comprometido a realizar la descarga de productos perecederos y de primera necesidad. Faltaría por concretar, sin embargo, si también cubrirán los "servicios esenciales" entre los cuales la Autoridad Portuaria de Vigo incluyó el funcionamiento de la autopista del mar con Francia y líneas de contenedores para garantizar el suministro de piezas a PSA y blindar así la actividad de la factoría de Balaídos.
En los muelles vigueses se esperan jornadas de conflictividad. Ya la semana pasada los 110 estibadores de Vigo llevaron a cabo, según los operadores, paros encubiertos que redujeron hasta un 30% su productividad. La patronal Anesco denunció de nuevo ayer estas "acciones ilegales" que en puertos del Mediterráneo recortaron hasta un 80% la actividad e incluyeron hasta "actos vandálicos", con pintadas y daños en vehículos. Antolín Goya rechazó estas acusaciones, aunque reconoció que "no se trabaja con la misma predisposición cuando te plantean que en 30 días, cuando se convalide el decreto, te van a despedir a razón de 20 días por año trabajo".
Similar argumentación emplearon ayer desde la Colla viguesa. "La gente no trabaja con el mismo ánimo", justificaron fuentes de esta plantilla, como sugiriendo que la caída de su ritmo de trabajo obedece más a una reacción humana que a una medida intencionada de presión. Los operadores locales ya esperan "paros encubiertos a partir de ya".
Entretanto, el colectivo español de estibadores gana apoyos a sus movilizaciones incluso entre sus compañeros del extranjeros. Jordi Aragunde, coordinador del Consejo Internacional de Estibadores, avisó estos días que "no se descarta proponer acciones a la mercancía española en caso de que no se logre un acuerdo entre las partes". Con esta advertencia, la unión internacional se plantea ya paralizar o ralentizar la descarga de exportaciones españolas en los principales puertos del mundo.
Las "líneas rojas" que marcó Europa
La Comisión rechazó varias propuestas que Fomento quiso incluir en el decreto
- "No podemos incluir en la reforma lo que libremente queramos porque la Comisión Europea (CE) no lo permite". En este mensaje volvió a insistir ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, horas antes de la reunión con los sindicatos. A continuación se desgranan las "líneas rojas" marcadas por las autoridades comunitarias ante las propuestas planteadas por Fomento para incluir en la reforma, según la documentación a la que ha tenido acceso FARO. "Regulación de un Registro de Trabajadores". Esta propuesta de Fomento fue rechazada por la CE en una carta enviada al ministerio el 27 de julio de 2016. "La lista de empleados se celebrará a nivel de la empresa. No se creará ningún registro nacional (gestionado por Puertos del estado)", contestó. "Duración del periodo transitorio de 4-7 años". Como pretendían los sindicatos, Fomento propuso ampliar a un mínimo de 4 años el plazo de adaptación de la normativa española a los preceptos del Tribunal de Justicia Europeo, pero la CE fue taxativa. "Debe preverse una transición de tres años en lugar de 4 años", recalcó en una carta el pasado 1 de febrero. "Continuidad de las Sageps con distintas formas jurídicas y mantenimiento de las obligaciones relativas a sus miembros (sin libertad plena de salida de los miembros durante el periodo transitorio)". Sobre estos puntos aclara la CE, en la misma contestación del 1 de febrero de 2017, que "deben evitarse las Sageps como operan en la actualidad, y seguir existiendo después del periodo transitorio bajo una forma determinada (como Centro de Portuario de Empleo). También pide la reformulación de la segunda disposición transitoria del borrador del decreto-ley para que quede claro que "las Sageps serán liquidadas en un máximo de 6 meses tras el final del periodo de transición si ningún accionista quiere continuar". "Concepción de los Centros Portuarios de empleo (PEC) como entidades específicas y distintas de las ETTs con una regulación determinada y diferente". Recuerda la CE que en una anterior reunión con responsables de Fomento ya había indicado la "falta de valor añadido o la necesidad legal" de esta disposición. Y en ello abunda en la carta del pasado 1 de febrero: "Como la legislación laboral general ya permite a las empresas organizarse en un mercado de trabajo libre, estos PEC funcionarán como agencias de trabajo temporal". "Margen a la negociación colectiva". En un correo electrónico enviado a la comisión negociadora, una responsable de la CE explica que los "Los convenios colectivos de trabajo se ajustarán al nuevo sistema compatible con la UE dentro de un año. ¿Qué sucede si no lo son? La ley debe contener una disposición que en el caso de que los interlocutores sociales no lleguen a un acuerdo, el Gobierno declarará nulas todas las cláusulas que no cumplen con la legislación de la UE, a través de un Real Decreto".
