"[...] es ya hora de poner fin a este conflicto, cuya perpetuación no produce efecto alguno beneficioso". Éstas son algunas de las palabras que se recogen en el laudo dictado por el árbitro de derecho único de la Cámara de Comercio de Vigo, el exjuez decano y magistrado jubilado Antonio Romero, en el que acoge parcialmente la demanda interpuesta por casi medio millar de extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) y condena a la promotora Residencial El Rocío S.L., a la que cedieron terrenos, a abonarles 1.870.000 euros. La resolución, de este 22 de septiembre, se produce 14 años después de que los afectados alcanzasen un convenio con esta empresa.

El cierre de GEA dejó en la calle a más de un millar de trabajadores, que tuvieron que pleitear en los juzgados laborales para reclamar los salarios e indemnizaciones que se les adeudaban. Sus pretensiones fueron estimadas y se procedió a la ejecución de dichas sentencias. En la subasta de los bienes embargados a la empresa, entre los que estaban las instalaciones de Cabral y Coruxo, los trabajadores acreedores solicitaron la adjudicación de dichos bienes como pago por la deuda laboral, con la facultad de ceder a tercero el remate de los mismos, como así hicieron divididos en tres grandes grupos.

Uno de estos grupos de extrabajadores ganó la batalla por vía judicial. La Audiencia Provincial de Pontevedra ratificaba esta primavera la sentencia por la que Naerama Group SL y José Castro SA. deben abonarles 2.173.000 euros, si bien ambas empresas recurrieron ante el Tribunal Supremo y a día de hoy se sigue a la espera de esta resolución, que ya sería firme.

Por medio del arbitraje ahora es otro grupo, el más numeroso al sumar el proceso 484 demandantes, los que ya tienen respuesta. Se trata del laudo -contra el que también cabe recurso aunque con motivos más limitados que en la justicia ordinaria- que obliga a Residencial El Rocío a abonarles más de 1,8 millones. Ante el posible fallecimiento de algunos demandantes dado el "dilatado período" transcurrido, serían sus herederos quienes "ostentarían todos los derechos en la sucesión" que el ordenamiento jurídico establece.