El caso de la joven Desirée Vila, la gimnasta a la que el año pasado le amputaron una pierna tras una grave lesión por una presunta negligencia médica, continúa adelante. La magistrada de Instrucción 3 de Vigo, Marisol López, ha decretado el cierre de las diligencias y la apertura de juicio oral contra el traumatólogo P.M.L.P. por un delito de lesiones por imprudencia grave con pérdida de miembro principal y grave deformidad. La juez requiere en el mismo auto al encausado, a los administradores mancomunados del centro sanitario en el que fue operada la deportista y a las compañías aseguradoras que se presente una fianza de 3.056.562 euros para asegurar las responsabilidades pecuaniarias que pudieran imponérseles.
Desirée Vila tenía 16 años cuando en febrero de 2015 sufrió una lesión en su rodilla derecha mientras entrenaba con el club especializado en gimnasia acrobática Flic Flac. Fue atendida por un médico de Urgencias y después quedó a cargo del traumatólogo P.M.L.P. La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que éste "omitió" la realización de las pruebas diagnósticas complementarias "que resultan aptas para desechar la existencia de lesiones vasculares", a pesar de que este tipo de traumatismos conllevan lesiones con esta problemática, "lo que originó una trombosis arterial y que evolucionó en una isquemia irreversible" que hizo necesaria la amputación por encima de la rodilla. Vila sufre ahora un grado de minusvalía del 45%.
El Ministerio Público pide para el traumatólogo dos años de prisión y la inhabilitación profesional médica por un periodo de cuatro años por "un delito de lesión por imprudencia grave con pérdida de miembro principal y grave deformidad". Además, exige una indemnización de dos millones de euros, cantidad sobre la que deben responder también el centro sanitario El Castro y las aseguradoras como responsables civiles subsidiarios. La Fiscalía justifica la cuantía: 15.500 euros por las lesiones, 287.400 por las secuelas, 19.200 por los daños morales, 1.168.600 por los gastos ortopédicos de la prótesis de rodilla y 458.875 por la prótesis deportiva.
La acusación particular que ejercitan los padres de la menor a través del despacho de abogados de Alfonso Iglesias eleva la petición de cárcel a 3 años y deja la inhabilitación en cuatro. Reclama una indemnización algo superior, de 2.300.000 euros.
El escrito del fiscal señala que el acusado "demoró" la práctica de la prueba que podía advertir de la falta de riego sanguíneo a la extremidad de Vila en varias ocasiones y "aún cuando en los informes de enfermería se hacía constar datos clínicos como "edema (...) escaso pulso pedio (...) cuatro horas refiere dolor muy intenso (...)" o "hipotérmica". La joven, según la acusación, llegó a un centro sanitario el 26 de febrero, pero hasta el 1 de marzo no se "prescribió por el acusado la realización" de las pruebas.
Cuando P.M.L.P. fue informado del resultado, siempre según la Fiscalía, "no acordó, ni solicitó, ni adaptó las medidas necesarias para su traslado inmediato para la realización de las intervenciones por un especialista en cirugía vascular". Ese traslado no se produjo hasta un día después y tras 24 horas se le produjo la amputación de la pierna derecha tras su traslado a otro centro hospitalario.
