Beatriz Figueroa, la abogada viguesa enferma de cáncer que pelea por conseguir la incapacidad permanente y reclama una mayor protección laboral y de seguridad social para los diagnosticados por la enfermedad, considera que "hay un rayito de esperanza" después del juicio celebrado ayer por la mañana en el Juzgado de lo Social 3 de Vigo, que quedó visto para sentencia. La cita llegó trece meses después de que a Figueroa se le denegara por tercera vez la incapacidad permanente, motivo por el que demandó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

De ganar el pleito,a Figueroa se le concendería la incapacidad total y vería aumentado sus ingresos en unos 120 euros al lograr una pensión del 55% de su base regulativa de los últimos años en los que trabajó. En la actualidad cobra 426 euros por medio de un subsidio tras agotar su prestación por desempleo, con los que debe hacer frente al 40% de los gastos en medicinas.

Figueroa se aferra a su historial clínico para desvirtuar la "contradicción" que hay en el informe de la inspectora del INSS, que insiste en que en las pruebas que se le realizaron a la viguesa no se apreciaron recidivas de carcinoma y que el diagnóstico era de los más "favorables" posibles. La abogada viguesa incide también en los trastornos psicológicos, como la depresión crónica profunda.

"Insisten en eso pero no valoran que para no tener ese cáncer activo estuve con varios tratamientos que he tenido que ir cambiando porque no tolero los efectos secundarios, produciéndome cansancio, dolores articulares, una osteoporosis muy avanzada. No tengo cáncer pero tampoco vida", destaca Figueroa, que durante sus últimos años de cotización ejerció de administradora de sociedades, responsable de recursos humanos y organizadora de eventos.

"Lo que trató de dejar de manifiesto mi abogado es como se pueden llevar a cabo esos trabajos sin asumir responsabilidades", explica Figueroa, aludiendo al informe de la inspectora del INSS, que dice que no puede realizar labores que impliquen riesgo de accidentabilidad y conlleven "altos niveles" de compromiso.

Con esta lucha que ha emprendido, esta abogada viguesa también pretende un cambio de ley para que las incapacidades no se concedan en un juzgado, sino que lo hagan equipos de valoración médica. "Una sede judicial no es sitio para reconocer la incapacidad de los enfermos. Además, de diez personas que haya, solo una va al juzgado porque no hay ganas, dinero y siempre hay mucho retraso", indica Figueroa, que denuncia que todo "es una cuestión económica": "Saben perfectamente que estamos enfermos pero el reconocimiento conlleva derecho económico y ahí nos encontramos. Hoy en día reconocer una incapacidad se ha convertido en un verdadero tormento".