Acompañando a los afectados se encontraba ayer el secretario comarcal de la CIG, Xerardo Abraldes, que recordó que el centro se vendió en su día como el mayor de Galicia y un gran generador de empleo y que, a día de hoy, "de los 1.500 iniciales, pueden quedar unos 700 trabajadores".
Asegura tener "constancia" de que grandes cadenas allí instaladas han reducido o trasladado plantilla a otros centros de la ciudad, mientras que otros pequeños negocios optaron por no renovar los contratos y prescindir de algunos empleados.
"La ilegalidad es una cadena, a la que sigue la falt de promoción y de financiación, obligando a empresas a seguir abiertas aunque pierdan dinero", lamenta Abraldes.
