El Ministerio de Sanidad invertirá 4,8 millones a lo largo de 2007 en todas las comunidades autónomas para frenar las prácticas discriminatorias. El informe elaborado por FIPSE advierte que el VIH no es considerado una enfermedad más, sino "un descalificador moral" y enumera casos de realización de pruebas del VIH sin consentimiento, aislamiento, falta de confidencialidad de los archivos, anotaciones sobre la enfermedad del paciente en certificados, volantes e incluso recetas, así como despidos o denegación de empleo.
En las conclusiones de su estudio "El registro obligatorio de los portadores de VIH: Requisitos, límites y garantías que eviten su discriminación", los investigadores de la universidad viguesa aportarán propuestas de "lege ferenda" o deontológicas que garanticen que el tratamiento de sus datos no vulnere sus derechos fundamentales.
Amplia experiencia
El grupo ya tiene una amplia experiencia en el análisis de cuestiones relacionadas con la información personal, sobre todo en la sanidad. Su directora Ana Garriga y la profesora Susana Álvarez, junto a Rosa María Ricoy, realizaron una investigación anterior sobre "Acceso y cesión de la información genética contenida en la historia clínica".
Por su parte, Jesús Rodríguez, que también es docente en la facultad ourensana, ha dedicado buena parte de sus trabajos al derecho a la intimidad y al estudio de normas deontológicas. El resto del equipo lo integran Pablo Raúl Bonorino, profesor de Filosofía del Derecho; Jesús Rodríguez, de la Universidad Rey Juan Carlos; y Anxo Fernández, alumno de doctorado.
