La Xunta amplía el programa de viviendas vacías para beneficiar a las familias con las rentas más bajas

Los precios de los alquileres están disparados mientras cada vez hay más viviendas vacías en Galicia. La Xunta cuenta desde hace años con un programa de movilización de pisos desocupados que incentiva a los usuarios para que los saquen en arrendamiento. Sin embargo, le está costando convencer a los propietarios. Tras años con escasos resultados, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) decidió a principios de 2023 reformar este plan. Para ello incorporó como entidades colaboradoras a las agencias inmobiliarias. Desde entonces ha logrado sacar al mercado 43 viviendas, de las cuales 22 ya están alquiladas y hay otras 21 disponibles.

Pero este programa tiene además otra limitación. Se exige a los inquilinos unos ingresos de entre 1 y 2,5 veces el IPREM. Es decir, para poder optar a una de estas viviendas los interesados deben contar, al menos, con unas rentas anuales de 8.400 euros anuales. Se fija este mínimo para garantizar el pago de la renta a los caseros, ¿pero qué pasa con las familias con menos rentas que, por lo tanto, tienen más dificultades aún para acceder a una vivienda?

La Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el IGVS, ha decidido ampliar el programa de movilización de viviendas vacías para beneficiar a las rentas con menos ingresos: entre 0,7 y 1,5 veces el IPREM (entre 5.880 y 12.600 euros anuales). Para ello ha aprobado “una modalidad nueva y complementaria” al plan existente, conocido como Vivendas Vivas, que se impulsó en colaboración con las agencias inmobiliarias. “Este programa seguirá funcionando exactamente igual que hasta ahora, sin ningún cambio”, explica Medio Ambiente.

Pero ahora se sacará una nueva convocatoria en colaboración con los concellos dirigida a las familias con más dificultades económicas. Tal y como recoge la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) serán los ayuntamientos los que voluntariamente decidan adherirse a este plan y, de hecho, se encargarán de gestionarlo en sus respectivos municipios.

“Esta modalidad se pone en marcha desde hoy para atender las necesidades residenciales de unidades de convivencia entre 0,7 y 1,5 veces el IPREM al entender que, precisamente por este motivo, tienen más dificultades para acceder al alquiler de una vivienda”, explica la Xunta.

Al igual que el plan que se lleva a cabo con las agencias inmobiliarias el objetivo es incentivar a los propietarios para que pongan en alquiler sus inmuebles vacíos. Para ello se les garantizará a las personas arrendadoras un seguro que le garantizará el pago de las rentas no abonadas, así como una póliza por los desperfectos causados en la vivienda. El programa también garantiza asistencia jurídica para atender los problemas que puedan surgir durante la vigencia de los contratos de alquiler.

Además, los propietarios podrán retirar sus viviendas del programa en cualquier momento anterior a la formalización del contrato de arrendamiento, salvo que recibiesen alguna subvención del IGVS que exija un periodo mínimo de permanencia del inmueble.

Para costear los seguros la Xunta contará con una consignación presupuestaria de 462.000 euros. Eso sí, los propietarios tendrán que alquilar los inmuebles a un precio limitado que variará en función de la zona. En las ciudades no podrá superar los 550 euros mensuales. En las villas intermedias el tope es de 500 euros y en los concellos más pequeños se sitúa en 425 euros.

Este plan se hará extensible a las viviendas del anterior programa que se puso en marcha en colaboración con los concellos en 2016 y que, tal y como reconoce la Xunta, continúa vigente pero con un carácter residual ya que apenas logró movilizar pisos desocupados.