El 15% del impuesto de plusvalía se queda sin cobrar por la complejidad de su gestión

El impuesto de plusvalía municipal (IIVTNU) ha sido zarandeado en los últimos años por varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo. Es un tributo controvertido en su aplicación y sujeto a continuas modificaciones que grava el incremento del valor de un solar, piso o garaje en el momento de venta o recepción en herencia con respecto al coste de la compra anterior. Y no solo es complicado en su ejercicio por los ayuntamientos, sino que además está caracterizado por un alto nivel de impagos, de forma que el 15% del impuesto no se llega a recaudar, sin que los gobiernos locales puedan hacer mucho por revertir la situación dada la carencia de medidas legales para forzar los reintegros.

Este tributo es potestativo, lo que quiere decir que los concellos lo aplican de forma voluntaria, y su recaudación en comparación con el IBI es bastante discreta. Supone unos 45 millones anuales que se reparten entre poco más de un centenar de ayuntamientos (112 en 2020 o 115 en 2023), por lo que el 15% de los impagos representa una pérdida de ingresos de siete millones.

Concurrencia de las administraciones

Esto sucedía en el año 2020 y también ahora porque las sucesivas sentencias de los últimos años invalidaron los cálculos que se hacían –o limitaban la capacidad de reclamar su devolución– para determinar el hecho a pagar, pero no entraban en la gestión, que sigue siendo la misma: compleja y con la necesaria concurrencia de varias administraciones (estatal, autonómica, municipal y provincial) además de actores externos, como notarios o empresas privadas colaboradoras.

“En consecuencia, un amplio número de agentes involucrados, públicos y privados, que complica la aplicabilidad del tributo”, se recoge en un informe específico sobre este impuesto elaborado por Alberto Vaquero (profesor de Economía de la Universidade de Vigo) y Miguel Ángel Santirso (tesorero de la Diputación de Pontevedra) y publicado en la Revista Galega de Economía.

Las razones

¿A qué se deben las dificultades de cobro de las liquidaciones pendientes? Lo primero que hay pocas vías para reclamar la deuda y además no son eficaces. Solo se puede acudir a la vía de apremio, pero no a la posibilidad de embargo del bien, opción que sí existe en caso de impago del IBI o de la viñeta de vehículos, por ejemplo.

Luego, que en caso compra-venta el pagador es el vendedor, que plantea numerosos problemas cuando se trata de sociedades mercantiles en situación de insolvencia por cese de actividad, concurso de acreedores, disolución, liquidación...

Y también cuando la transmisión de produce por herencia, debido a los problemas que plantea a los ayuntamientos la localización de los herederos, la notificación y el cálculo de la deuda tributaria.

Complejidad añadida

“La gestión del impuesto presenta una complejidad añadida por sus costes administrativos que merman su capacidad financiera. Los ayuntamientos, o bien delegan en las diputaciones provinciales u otras entidades equivalentes, o bien optan por firmar contratos de servicio con empresas privadas. Con independencia de la forma adoptada, los costes de gestión directos pueden suponer una parte importante del monto obtenido, lo que erosiona los ingresos inicialmente estimados con esta figura tributaria”, exponen Vaquero y Santirso.

Pero el comportamiento en Galicia no es homogéneo. En la provincia de Ourense, los impagos del impuesto llegan al 22% de los derechos reconocidos y en la de Lugo, al 21%. Por el contrario, en la de A Coruña baja al 14% y en la de Pontevedra, al 12%. Esto fue así en 2020, para una previsión total de 45,5 millones de euros y una recaudación de 38,5. Alberto Vaquero considera que esta proporción se mantiene actualmente porque el procedimiento de gestión no ha variado pese a las sentencias.

También existen diferencias entre los distintos concellos. El más eficaz en la aplicación del tributo es el de Vigo, con un porcentaje de impagos por debajo del 3%. En el polo opuesto estarían, según el estudio, Ourense, Pontevedra, Lugo y Ferrol, con importes pendientes de cobro por encima del 25%.

Suscríbete para seguir leyendo