El rural gallego solicita menos de la mitad de la banda ancha que financia el Gobierno

Galicia es la segunda comunidad menos beneficiada de esta instalación de alta velocidad

Provee a través de Hispasat, vía satélite, a poblaciones aisladas o despobladas

Una mujer, con su portátil en una parroquia rural gallega.

Una mujer, con su portátil en una parroquia rural gallega. / Javier Lalín

Elena Ocampo

Elena Ocampo

La entrada de la banda ancha se atranca en zonas despobladas o remotas del rural gallego. Menos de la mitad de los hogares sin 5G o alta velocidad en Galicia que podrían acogerse a las ayudas del Gobierno para instalar y contratar internet rural –a través del Programa Único rural (PUR)– lo solicitan. Así lo aseguran las operadoras autorizadas por el Ministerio de Transformación digital para este proyecto, que señalan a Galicia como la segunda comunidad autónoma “que menos partido está sacando” de la financiación.

Y eso, a pesar de estar a la cabeza entre las que tienen más zonas seleccionadas para esta cobertura, que provee a través de Hispasat, vía satélite, para zonas aisladas. En datos, Galicia cuenta con el segundo porcentaje más alto de todo el Estado de zonas elegibles –el concepto oficial para definir las zonas potencialmente beneficiarias de las ayudas– y que ascienden a un 13,1% mientras que solo se han hecho un 6,1% de nuevas contrataciones.

¿En qué consisten exactamente las ayudas?

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aprovechó varias visitas a municipios beneficiados en los últimos dos meses, para explicar este plan de digitalización: posibilita que los ciudadanos además de acceder a una conectividad mínima de 100 megas por segundo, lo hagan por 35 euros mensuales. Se financia el 100% de la instalación y adquisición de equipamiento para prestar el servicio –es decir, costes de alta–, hasta un máximo de 600 euros, explican desde el Ministerio. Por citar solo un ejemplo, en un acto en Rodeiro, Blanco aseguró que el PUR podría llevar la alta velocidad a 1.566 viviendas y empresas del municipio.

“Curiosamente, en Galicia se está produciendo un claro desfase entre el gran número de zonas donde no hay cobertura de banda ancha y que pueden acogerse a las ayudas, y la baja contratación del internet rural subvencionado con el que revertir esta situación”, lamentan desde la compañía de servicios y soluciones de conectividad para zonas rurales y remotas Eurona. “Es la segunda que menos se está beneficiando de la oportunidad de acogerse a las subvenciones del Gobierno, solo por detrás de Castilla y León, que con un 20,2% de zonas elegibles, solo ha hecho un 14% de nuevas contrataciones”, explican.

Mientras, desde la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), que depende de la Xunta, alegan que la administración autonómica carece de competencias en esta materia y confirman que el Gobierno asume la tarea en solitario, a través de una serie de entidades colaboradoras, para cumplir el objetivo marcado por la UE de alcanzar el 100% de cobertura de banda ancha en 2025.

En efecto, en la web del Gobierno se anuncia esta última y prácticamente recién convocada tercera edición del programa que “contribuirá a extender a toda la población la banda ancha ultrarrápida”. Y se añade que “este programa actúa en dos niveles: el mayorista para facilitar plataformas de red en zonas despobladas y el minorista, para garantizar tarifas asequibles a hogares y ciudadanos que están en zonas en las que no llega la conectividad fija de más de 100 megas por segundo”, explican.

Por su parte, desde la empresa Eurona, que que capitaliza prácticamente el 90% de las nuevas altas del Programa Único rural desde su puesta en marcha hace ahora casi cinco meses, “se está reforzando su estrategia para contribuir a eliminar la brecha digital en las regiones donde la penetración está siendo menor”, como es el caso de Galicia.

Colaboración

Como parte de este plan de acción, está recabando la colaboración de Diputaciones provinciales, organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio para poner en marcha programas de información y de comunicación para llegar con más éxito a todos estos territorios.

“A través de los distintos programas de ayudas para la extensión de la banda ancha se han realizado importantes progresos en la reducción de la brecha digital en España. Sin embargo, siguen existiendo determinadas zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, que aún no disfrutan de una cobertura adecuada de servicios terrestres de banda ancha de alta velocidad”, argumentan. La razón no es otra que los operadores no han realizado los despliegues de sus redes en zonas de alta dispersión y aisladas y no disponen de ofertas de servicios de banda ancha comparables a los que contrata la mayoría de la población.

En estas zonas los ciudadanos y empresas solo pueden acceder a servicios de acceso a banda de alta velocidad con un sobrecoste sobre los precios que abonan la mayoría de los usuarios. Adicionalmente, deben soportar sobrecostes asociados al alta tales como los vinculados a la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, que son superiores a los de las ofertas que habitualmente contrata la mayoría de los usuarios en otras ubicaciones. Estas ayudas cuentan con un presupuesto de 73,3 millones de euros, financiado con fondos europeos Next Generation, UE y FEDER.

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