Casi 130 concellos auditan sus tuberías de agua para detectar fugas o infiltraciones

El agua es un bien escaso. De hecho, la sequía está provocando graves problemas en el sur de España y también en varias zonas de Galicia, donde ha llovido por debajo de lo normal y el caudal de los ríos ha descendido. Por eso, es vital una buena gestión del agua. Pero la falta de recursos de la que adolecen los concellos más pequeños y unas infraestructuras obsoletas provocan que se pierda en fugas hasta el 60 por ciento del agua que se suministra, a lo que hay que sumar una red de saneamiento deficiente que se traduce en vertidos a los ríos y rías gallegas. La Lei de Mellora do Ciclo Integral da Auga, que entró en vigor el pasado año, puso deberes a los ayuntamientos obligándoles a inspeccionar sus redes de suministro y alcantarillado. Para ello contarán con el apoyo financiero de la Xunta, que subvenciona estas auditorías. Hasta ahora recibieron ayudas un total de 127 municipios.

Según los datos de la Consellería de Infraestruturas, la mayoría de ellos, 77, se beneficiaron de fondos para auditar sus sistemas de abastecimiento y otros 50 inspeccionarán las redes de saneamiento. “Y puede haber más municipios que estén realizando estos controles sin las ayudas de la Xunta y, por lo tanto, no fuesen comunicadas a Augas de Galicia”, explica el departamento que dirige Ethel Vázquez. En todo caso, al menos 127 concellos estarían cumpliendo ya con el mandato recogido en la nueva ley.

En el caso de las traídas de agua, el objetivo de la Xunta es reducir los niveles de fugas a menos de la mitad. Así, como promedio las pérdidas de agua en las redes municipales son del 40 por ciento –llegando incluso al 60 por ciento en los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes–. El Gobierno gallego se marca el reto de que no superen el 20 por ciento.

Las ayudas para realizar auditorías sobre los sistemas de abastecimiento están dirigidas a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes que gestionen sistemas de abastecimiento de agua. El importe de las subvenciones para acometer las auditorías alcanzará el 80 por ciento de la inversión realizada, aunque el límite de la cuantía variará en función del tamaño del municipio.

Vertidos

Por otro lado, se conceden también subvenciones para inspeccionar los sistemas de saneamiento con el fin de erradicar las infiltraciones de aguas blancas y vertidos y preservar así la calidad de las aguas.

La Xunta calcula que el porcentaje medio de infiltraciones en las redes de alcantarillado se encuentra en el entorno el 40-50 por ciento del caudal circulante, pudiendo incluso, en algunos casos, llegar hasta el 90-95 por ciento.

Tener en perfectas condiciones las redes municipales de saneamiento es esencial para garantizar la calidad del agua de los ríos y acuíferos.

Para ayudar a los municipios a inspeccionar los colectores se publican convocatorias de ayudas dirigidas también a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Se subvenciona el 80 por ciento del coste de la auditoría, con un límite de 15.000 euros.

Además la Consellería de Infraestruturas pone a disposición de los municipios un modelo de auditoría y un protocolo de inspecciones de la red de saneamiento, así como recomendaciones para su realización. Los controles deben recoger un mínimo de información como la descripción detallada del sistema de saneamiento, planos y documentación gráfica y la inspección de los puntos de control.

El objetivo es detectar las infiltraciones de aguas blancas y vertidos y corregir estos problemas para conseguir un funcionamiento más eficiente de las depuradoras municipales.

La Xunta, a través de la nueva Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, obligará a los concellos a inspeccionar con una periodicidad quinquenal el estado de sus infraestructuras hidráulicas. Además Augas de Galicia realizará cada dos años controles analíticos y medición de los caudales para comprobar si las instalaciones de depuración cumplen la legislación. Si se detectan deficiencias, el ayuntamiento responsable dispondrá de un plazo máximo de dos meses para proponer un plan de actuaciones para resolver los incumplimientos.

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