Un juez lleva al Gobierno gallego al Constitucional por invadir competencias estatales en costas

La Xunta limitó a 15 años el plazo para actuar ante una obra ilegal en el litoral | El magistrado cree que su fin es “beneficiar a los infractores”

Demolición de una casa ilegal por la Axencia de Protección Urbanística, en Arteixo. |  // VICTOR ECHAVE

Demolición de una casa ilegal por la Axencia de Protección Urbanística, en Arteixo. | // VICTOR ECHAVE / paula pérez

Paula Pérez

Paula Pérez

El juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra pide al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre si Galicia invade competencias estatales en materia de costas al limitar a 15 años el plazo en el que la Administración puede actuar frente a obras ilegales en el litoral.

Así se recoge en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en diciembre de 2022. En su artículo 10 esta norma establece un plazo máximo de 15 años desde la fecha de terminación de las obras ilegales realizadas en zona de protección costera para que la Administración autonómica pueda reaccionar frente a ellas incoando un procedimiento de reposición de la legalidad. Y en su disposición transitoria se ordenó la aplicación retroactiva de este beneficio “a todas las obras, actuaciones y construcciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la ley”.

El magistrado del juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra considera que “presumiblemente estos preceptos son inconstitucionales por invadir la competencia exclusiva reservada al legislador estatal”.

Pero además el juez critica que la norma de la Xunta “tiene como única finalidad la de beneficiar a quienes han infringido la Ley de Costas en la zona de servidumbre de protección del litoral gallego, otorgándoles un privilegio singular frente a los que cometen la misma infracción en el resto del litoral español”. “Y ello invadiendo la competencia estatal en materia de costas, en detrimento de los valores medioambientales y paisajísticos que su legislación básica pretende preservar”.

Conflicto con el Estado

Pero la ley gallega, que cuestiona el juez de Pontevedra, también se encontró con el rechazo del Gobierno central que ve visos de inconstitucionalidad en el hecho de poner un plazo máximo a la Administración autonómica para actuar ante obras ilegales en la costa. De hecho, el pasado mes de mayo inició conversaciones con la Xunta sobre las discrepancias en torno a esta norma en el seno de la comisión bilateral de cooperación entre Estado y comunidad autónoma.

La posible inconstitucionalidad de esta ley por invadir competencias estatales en materia de costas podría ser un preludio de lo que puede pasar con la Lei do Litoral que se está tramitando en el Parlamento y por la cual la Xunta se arroga poderes sobre el dominio público marítimo-terrestre, como autorizar o denegar concesiones o regular la actividad en zona costera.

En el caso del conflicto por la ley de acompañamiento de los presupuestos de diciembre de 2022, el pleito parte del recurso presentado por el propietario de una edificación construida en la Illa de Arousa sobre la que pesaba una orden de demolición desde 2018.

En medio del proceso judicial la Xunta aprobó la norma que daba un plazo máximo de 15 años para actuar frente a obras ilegales y el propietario se acogió a esa modificación legal para salvar su casa, pues alegó que llevaba más de 20 años construida cuando se inició el procedimiento administrativo sancionador.

El juez de Pontevedra considera, sin embargo, que las comunidades autónomas “carecen de competencia legislativa para innovar a la baja el régimen estatal de protección de la zona de servidumbre de protección costera en beneficio de los infractores”. De ahí que haya planteado ante el TC “una cuestión de inconstitucionalidad”.

Según argumenta, en la ley estatal no hay límite temporal para exigir la reposición de la legalidad en la costa. Por ello, considera que la norma de la Xunta “produce además de un menoscabo relevante en la protección del medio ambiente y del paisaje litoral, una desigualdad esencial en las obligaciones y derechos de los ciudadanos sobre dicho espacio en el conjunto del territorio español”.