La Iglesia pierde privilegios fiscales

La Iglesia ha renunciado a una parte de los privilegios fiscales de los que se beneficiaba. Seguirá exenta de abonar el IBI por su ingente cantidad de propiedades que posee, pero en adelante sí pagará por dos impuestos municipales: el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Contribuciones Especiales. El primero es la común licencia de obras, mientras que el segundo es un tributo por el aumento del valor de un inmueble como consecuencia de la realización de obras pública o implantación de servicios. Ambos son de carácter potestativo, es decir, que se aplican solo si el ayuntamiento así lo decide.

Este cambio es fruto de un acuerdo del Gobierno con la Iglesia y se hizo efectivo ayer mediante el correspondiente canje de notas entre Moncloa y la Nunciatura Apostólica. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo cerró en un encuentro con el nuncio, Bernardito Auza, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española en el Palacio de Santa Cruz de Madrid, sede del Ministerio de Exteriores.

Bolaños aclaró que la Iglesia seguirá exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aunque precisó que en este punto el trato a la Iglesia es “absolutamente equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”, las cuales tampoco tienen que pagar este gravamen. El ministro reconoció, en todo caso, que el Gobierno tiene “algunas diferencias” con la Iglesia católica, pero puso en el centro lo que les “une”, la búsqueda del “bien común” y aseguró que quieren “seguir avanzando unidos mirando por el interés general”.

Coste de 16 millones de euros

Según los cálculos del Ejecutivo central, el coste para la Iglesia será de unos 16 millones de euros anuales en toda España. “Este acuerdo supone que los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos, tanto el de licencia de obra como las contribuciones especiales, recaudarán más de 16 millones de euros al año; serán ingresos que tendrán los ayuntamientos y entidades locales”, indicó Bolaños.

En Galicia, aun siendo potestativo, el ICIO está extendido a la totalidad de los municipios, concepto por el que las arcas de los ayuntamientos recaudan unos 52 millones de euros al año. Pero el de Contribuciones Especiales apenas tiene implantación. De hecho, la recaudación anual en la comunidad apenas supera los 4 millones.

Por tanto, a partir de ahora, cuando la Iglesia realice alguna obra nueva o reforma en sus propiedades, tendrá que contar con la pertinente licencia municipal y además pagar el tributo correspondiente, como hace cualquier ciudadano o promotor.

Para ello, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del ICIO en el Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

Un año de negociación

El acuerdo se logró tras un año de negociación, “intensa, pero discreta”, según contó el ministro. “Desde ahora se terminan los privilegios fiscales para la Iglesia católica en el pago de impuestos, que será tratada, en cuanto al pago de tributos, como cualquier entidad sin ánimo de lucro en España”, enfatizó Félix Bolaños.

La decisión afecta a todas las parroquias (casi 23.000 en España), edificios de la Conferencia Episcopal, congregaciones religiosas y colegios de estas congregaciones. En total serán más de 6.000 entidades las que tendrán que abonar los tributos.

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