La Ley Mordaza fue el escudo que en 2015 impulsó el Gobierno del PP para protegerse de las protestas sociales que rodearon el Congreso o que generaron choques con la Policía y otros cuerpos de seguridad del Estado, en plena resaca de los destrozos causados por la crisis económica derivada del crac financiero que desencadenó a finales de 2008 la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Se castigó no solo protestar ante las cámaras legislativa y territorial, sino también grabar o fotografiar a agentes, negarse a identificarse ante uno de estos o vejarlos. Estos aspectos más controvertidos de una legislación que el Gobierno quiere derogar dispararon las sanciones durante el año pasado un 75% por encima de los niveles de 2019, el año previo a la aparición del COVID. El ejercicio pasado, Galicia registró 4.658 multas que sumaron algo más de dos millones de euros por estas cuestiones, frente a las 2.689 de 2019.
La Ley Mordaza es el apelativo común con que se conoce la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en julio de 2015, con el PP de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Tres años después, el socialista Pedro Sánchez alcanzó la Presidencia tras una moción de censura. Tanto en solitario, como en coalición con Unidas Podemos, ha abogado por la derogación de una norma que nunca ha abordado, aunque sus últimos planes pasan por su anulación este invierno.
La normativa se divide en tres campos: control de armas, vigilancia de drogas y un aspecto puramente vinculado a la seguridad ciudadana. Este último ha sido el que más polémica ha generado, pues la izquierda consideraba que se perseguía el derecho a protestar en la calle.
La regulación permitió que el testimonio de los agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sirviese para imponer multas, se estableció el derecho a realizar cacheos preventivos y se impuso como infracción las “faltas de respeto y consideración” a agentes de la autoridad. Los críticos con la norma denunciaron que ello daba carta blanca a estos cuerpos para denunciar a quien protestase pacíficamente o a quien les recriminase una actitud en contra de la legalidad.
Estas cuestiones generaron 4.658 sanciones el año pasado, cifra solo superada por las 17.992 del año 2020. Ese fue el ejercicio de estallido de la pandemia de COVID-19 que obligó a confinar a la población durante tres meses y a llevar mascarilla. La tensión asociada a esos momentos y el incumplimiento de obligaciones como llevar mascarilla generó enfrentamientos con la Policía, que dispararon esas multas. En 2019, sin embargo, apenas fueron 2.680, por 3.183 de 2018, 3.191 de 2017, 2.795 de 2016 y 596 de la segunda mitad de 2015, según los datos del Ministerio de Interior.
Dos puntos destacan en estas estadísticas. Por un lado, los castigos por “faltas de respecto y consideración” a agentes policiales o de la Guardia Civil contemplados en el artículo 37.4 de la norma con multas de 100 a 600 euros. Sumaron el año pasado 2.124 expedientes por 451.000 euros, frente a los 751 de 2020 y los 746 de 2019.
Por otro, las vulneraciones del artículo 36.06 que establece como infracción “la desobediencia o la resistencia a la autoridad”, así como “la negativa a identificarse” por requerimiento de un agente. Sumaron 1.701 casos frente a los 16.870 de 2020, dato alterado por la irrupción del COVID, y los 1.173 de 2019. Las multas por esta infracción grave oscilan entre los 601 y los 30.000 euros. El año pasado las multas superaron por poco el millón de euros en total.
A nivel de drogas, las sanciones crecieron respeto a 2020, de 4.372 a 7.124 y de 3,3 millones a 5,4, pero no superaron las cifras previas, por encima de las 9.000 en 2019, 2017 y 2016 y con el pico de 11.392 de 2018.
En cuanto a las armas, el año pasado se impusieron 1.151 sanciones que sumaron 690.753 euros, frente a las 748 de 2020 por 465.175.
En total, las sanciones de la Ley Mordaza en 2021 fueron 12.933 por 8,1 millones (61.2 millones desde su entrada en vigor). En el primer caso es la cifra más baja desde 2016, aunque en los choques con la Policía los datos marcan récords sin contar con el año del COVID.
