Las sanciones derivadas de la polémica “ley mordaza” descendieron el año pasado por primera vez desde su entrada en vigor a mediados de 2015. Avalada hace unos días por el Tribunal Constitucional, la norma impulsada por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy tras la época de gran conflictividad social por los recortes derivados de la anterior crisis financiera castiga no solo el consumo de drogas en la vía pública, sino cualquier desobediencia o falta de respeto –con un amplio abanico para este concepto– a las órdenes de los cuerpos de seguridad, los desórdenes callejeros o la negativa a identificarse ante la Policía. El incumplimiento de sus más de 40 preceptos motivó el año pasado 13.228 sanciones, lo que supone un 17% menos que el ejercicio anterior. Cada día, por tanto, se tramitación casi 8 denuncias menos. El importe de las infracciones sumó 9,1 millones de euros en multas, 1,7 menos que en 2018, con un abanico por caso de 100 a 600.000 euros.
La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 generó el rechazo social de la oposición al PP y de múltiples asociaciones ciudadanas por entender que perseguía la protesta social, aunque la promesa electoral tanto de PSOE como de Unidas Podemos, que gobiernan en coalición, de derogar la norma ha caído, de momento, en caso roto.
La regulación permitió que el testimonio de los agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sirviese para imponer multas, se estableció el derecho a realizar cacheos preventivos y se impuso como infracción las “faltas de respeto y consideración” a agentes de la autoridad. Los críticos con la norma denunciaron que ello daba carta blanca a estos cuerpos para denunciar a quien protestase pacíficamente o a quien les recriminase una actitud en contra de la legalidad. El año 2016 se cerró con 20.619 sanciones tras la entrada en vigor de la norma en junio del ejercicio anterior. En 2017 se produjeron 13.926 y en 2018, 15.998. Fue el año pasado el primero en que descendieron en Galicia estas sanciones hasta situarse en 13.228.
El descenso es generalizado, aunque con algunas excepciones autonómicas. La cifra total acumulada en España el año pasado fue de 244.313 sanciones, 5.352 menos que un año antes. El importe de las multas pasó de 149,3 millones a 146,8.
Son las provincias del Eje Atlántico las responsables principales del descenso de cifras, pues en Pontevedra estas cayeron de 8.289 a 6.490 y en A Coruña, de 5.042 a 3.855. En Ourense apenas se registraron cinco menos hasta alcanzar 1.408 y en Lugo aumentaron de 1.254 a 1.475, según los datos del Ministerio de Interior.
De las 13.228 infracciones registradas, 1.173 correspondieron a “faltas de respeto y consideración” a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que supusieron 250.804 euros. Se trata de casos leves multados con una cantidad de 100 a 600 euros.
Suben un escalón de gravedad hasta supones sanciones de 601 a 30.000 euros casos de “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. El año pasado se registraron 746 denuncias por incumplir este precepto, lo que generó castigos por 486.747 euros en total.
La "ley mordaza" divide las denuncias en tres apartados: los vinculados propiamente a la seguridad ciudadana, en los que engloban los casos anteriormente citados, al consumo o tenencia de drogas y a las armas.
Casi siete de cada diez casos afectan a los estupefacientes, que con 9.107 denuncias aglutinan 7,2 millones de euros en multas. Casi la totalidad se refieren a casos de consumo o tenencia en la vía pública.
Un total de 2.680 están relacionadas con la seguridad ciudadana, que motivaron sanciones por un total de 1,1 millones. En este apartado, destacan también las 303 denuncias (228.939 euros) por alteración del orden público.
En el caso de las armas, las sanciones sumaron 1.441 por una cantidad total de 856.094 euros.
Muy graves: 30.001-600.000 euros
Reuniones o manifestaciones no comunicadas en infraestructuras o instalaciones que prestan servicios básicos, fabricar o portar armas y/o explosivos, espectáculos vulnerando la normativa de seguridad o proyectar haces de luz hacia pilotos o conductores de medios de transportes.
Graves: 601-30.000 euros
Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos o frente a la sede de Congreso, Senado o cámaras legislativas autonómicas; desórdenes en la vía pública; escraches o intentos de impedir desahucios; desobediencia o resistencia a la autoridad o negativa identificarse; solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos cerca de “lugares destinados a su uso por menores”; consumo o tenencia ilícita de drogas “aunque no estuvieran destinadas al tráfico” en lugares públicos; conducir narcotaxis.
Leves: 100-600 euros
Exhibición de objetos peligrosos para la integridad física, incumplimiento de restricciones de circulación en un acto público cuando altere este; reuniones o manifestaciones ilegales, faltas de respeto y consideración a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad; consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana
Polémica sobre las devoluciones en caliente
La “ley mordaza” blinda también las devoluciones en caliente de inmigrantes. La nueva disposición adicional décima reza:
1.“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.
2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.
3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional”.
