Durante décadas, el voto emigrante fue determinante en ayuntamientos y también en comunidades autónomas. En Galicia no se podía dar por cerrado el resultado en la misma jornada electoral, sino que había que esperar días al recuento de las sacas procedentes del exterior, unas papeletas que en ocasiones llegaron a alterar el reparto de escaños y a amenazar mayorías. Once años después de que PP y PSOE promoviesen la reforma del polémico voto emigrante para poner fin a las continuas denuncias de irregularidades y fraude en el sufragio emitido por la diáspora, se volverán a reabrir las urnas para 2,2 millones de españoles emigrados, casi 470.000 gallegos, según datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) del pasado mes de agosto.
El nuevo sistema, solo pendiente del último trámite en el Senado, no se estrenará hasta las elecciones generales del próximo año. En el caso de la comunidad gallega, será en las autonómicas de 2024 cuando se teste el alcance del nuevo sistema.
Esta semana, la Cámara Alta pondrá fin a los sucesivos aplazamientos para la eliminación del voto rogado para la emigración, un sistema por el que los españoles inscritos en otros países dejaron de recibir automáticamente las papeletas en sus domicilios y para poder participar en autonómicas, generales y europeas –en las municipales quedaron vetados con la reforma de 2011– debían pedir documentación electoral y cumplimentar unos trámites. Pero bastaron tan solo tres citas con las urnas en menos de un año para que PP y PSOE reconociesen en 2012 el fracaso de la reforma y ya entonces planteasen una nueva modificación para tratar de incentivar la participación de los residentes en el extranjero.
Del 30% al 5%
La imposición del voto rogado hizo más que confirmar lo que ya habían advertido los colectivos de la emigración ya incluso antes de aprobarse la reforma en 2011: una caída en picado de las sacas de votos procedentes del exterior. Los datos hablan por sí solos. Desde que los residentes en el extranjero tienen que pedir la documentación electoral, su participación en las elecciones autonómicas y generales no rebasó el 5% frente a más del 30% que lo hacían antes de que fuese obligatorio solicitar las papeletas.
El nuevo sistema al que dará esta semana el Senado el visto bueno definitivo permitirá a la diáspora descargar papeletas y habilitará más centros para votar en urna. También dará más plazo para la votación y para el recuento para así garantizar que los sufragios del exterior lleguen a tiempo y no semanas o incluso meses después como ocurría hasta ahora. Galicia será la comunidad más afectada por el peso de la diáspora, que en la actualidad roza los 470.000 electores en el exterior, un 21% más que de cuando se impuso el voto rogado hace más de una década.
La reforma que entrará esta semana a la Cámara Alta parte de una proposición de ley presentada en febrero de 2021 por los dos grupos que sustentan el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, y que estuvo congelada por sucesivas prórrogas hasta el pasado mes de abril. En el Congreso, su articulado fue modificado mediante enmiendas pactadas con el PP y la oposición.
