Los vehículos de turismo con conductor (VTC) solo podrán llevar a viajeros entre concellos gallegos a partir de octubre, mes desde el que existirá en la comunidad un veto a sus viajes intramunicipales. Esto quiere decir que podrán transportar a un ciudadano desde Vigo a Redondela, pero no desde la calle Príncipe a Coia.
Esta es la consecuencia del fin de la prórroga de cuatro años aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 para que los vehículos VTC, licencia que usan nuevas empresas como Uber o Cabify, pudiesen competir con los taxis dentro de un mismo municipio, cuestión que generó una batalla en grandes ciudades como Madrid y Barcelona entre los taxistas y los recién llegados al mercado. También en Galicia se produjeron protestas.
Aun así, en la comunidad ambos sectores coexisten tras alcanzar lo que la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade denomina “convivencia pacífica”. Galicia cuenta con 3.508 licencias de taxi y 281 de VTC. Respecto a 2018, las primeras descendieron en 112 unidades, mientras las segundas crecieron en apenas cinco.
¿En qué se diferencian? La tarifa del taxi depende del tiempo y la distancia que recorra en un concello, es decir, de lo que marque el taxímetro. En los VTC nuevas, como Uber o Cabify, el precio varía según la demanda y el mismo trayecto puede costar 1 euro o 10.
Sin embargo, la mayor parte de los permisos VTC corresponden en Galicia al sector tradicional de coches con chófer, contratados por grandes empresas como Inditex o El Corte Inglés, que operan de manera diferente al sector del taxi. De hecho, en Vigo no tiene presencia de momento Cabify, según fuentes de Infraestruturas. Uber abandonó Galicia el año pasado en protesta por la obligación de reservar el servicio con 15 minutos de antelación.
Es A Coruña la zona donde mayor implantación tienen estos servicios, hasta el punto de que Cabify presta servicios en la ciudad herculina con taxis y tarifas a precio cerrado. En este caso, operaría como una centralita, pero a través de una app para solicitar un taxi a cambio de una comisión. En esa provincia, existen 195 permisos VTC y 1.444 de taxi, por 34 y 1.238 en la de Pontevedra; 32 y 497 en Lugo; y 20 y 329 en Ourense, respectivamente.
En total, es una proporción de 12, 4 taxis por cada VTC, cuando por ley deberían ser 30, según establece el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
Mediante esa norma, el Gobierno concedió una prórroga de cuatro años para que los VTC pudiesen operar dentro de un mismo ayuntamiento, que expira a finales de septiembre. Sin embargo, dejó la puerta abierta a que las comunidades regulasen a partir de entonces esta cuestión, según figura en la disposición adicional primera del citado decreto.
La Xunta rechaza actuar en la materia, como sí hizo hace días la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP. Esta permitirá a Uber o Cabify mantener su actividad como hasta ahora, compitiendo con el taxi en los viajes dentro de un mismo municipio, lo que generó quejas de este sector.
El Ejecutivo gallego critica al Gobierno central por dejar en manos de las autonomías la decisión en lugar de fijar un marco legal común. “La Xunta recuerda que la regulación de la actividad de las VTC es estatal y, como tal, debe ser única. El Gobierno gallego considera que el Gobierno de España debe asumir ese deber de establecer una regulación única y clara para todo el Estado que facilite la competencia legal entre los distintos actores que operan en el sector del transporte de pasajeros en vehículos de turismo”, exponen fuentes de Infraestruturas.
Ese departamento mantiene la opción de regular el sector, aunque ahora eluda esa vía. Su intención pasa por evitar choques entre VTC y taxis. “Galicia continuará dialogando con los profesionales para facilitar su trabajo en convivencia pacífica”, añade.
