La futura Ley de Protección y Bienestar Animal, que impulsa el Gobierno, no convence a la Xunta que ha presentado una batería de alegaciones al texto legal. El Ejecutivo gallego considera “desproporcionado” que se obligue a los dueños de los perros a realizar un curso de formación acreditado. Por esta razón, reclama que se elimine esta exigencia con carácter general y la limite solo a los propietarios de canes potencialmente peligrosos. La Consellería de Medio Ambiente discrepa también con la edad mínima y máxima que fija la norma para que los animales puedan realizar tareas en actividades profesionales como cuidar del ganado. Según el texto, un perro no podría dedicarse al pastoreo hasta que cumpla 18 meses, cuando la Xunta considera que está capacitado a partir del año de edad. Por esta razón, pide eliminar estos límites del anteproyecto de ley.
El pasado martes finalizó el plazo para el envio de alegaciones a la norma sobre protección, derechos y bienestar de los animales que tramita el Gobierno. Uno de los puntos más polémicos que plantea el texto legal es la obligación de hacer un cursillo como requisito previo a tener un perro y que estos animales cumplan con “unos criterios de clasificación por sociabilidad”. “Es una medida administrativa injustificable y desproporcionada”, sentencia la Consellería de Medio Ambiente.
Según argumenta, esta formación puede estar “justificada” por razones de seguridad pública en los supuestos de perros que por su porte o tipología de raza pueden resultar más problemáticos. “No se entiende esta exigencia para la posesión de otros canes que por su pequeño tamaño no pueden constituir en ningún caso un problema de seguridad pública”, esgrime.
Perros peligrosos
Según explica, esta obligación supone extender de hecho las exigencias más estrictas que ahora tienen los dueños de canes peligrosos al resto de razas. Los propietarios de animales catalogados como de riesgo deben disponer de una licencia para su manejo y para obtenerla necesitan ser mayores de edad, haber superado una prueba psicotécnica y formalizar un seguro de responsabilidad, además de no haber sido condenados por una serie de delitos.
Por tanto, desde Galicia se propone la supresión de este punto en la nueva Ley de Bienestar Animal o bien que se modifique para que la exigencia del curso se limite solo a los animales potencialmente peligrosos.
El otro motivo de desavenencia está en la exigencia de que los perros (salvo exenciones tasadas) no puedan trabajar hasta cumplidos los 18 meses de edad, sin perjuicio de que inicien su adiestramiento antes de haber alcanzado esa edad.
La Consellería de Medio Ambiente opina que esta prohibición “limita de manera injustificada la capacidad de un perro para desarrollar determinadas tareas” sin tener en cuenta ni las características raciales del animal ni la actividad a desarrollar.
“Además esta restricción implica un encarecimiento inasumible e injustificado para el desarrollo de determinadas actividades”, argumenta la Xunta. Según explica, un perro debe iniciar su adiestramiento entre los tres y los seis meses y cuando cumple un año está “capacitado” para empezar a trabajar. Además en el caso de los mastines el entrenamiento debe hacerse in situ y por imitación de los ejemplares adultos, según esgrime el Gobierno gallego, por lo que en la práctica resulta imposible separar esta fase de adiestramiento del trabajo en sí.
Pero la nueva ley también fija una edad de retiro de estos perros que vendrá determinada “por un profesional veterinario teniendo en cuenta las capacidades físicas y psicológicas de cada animal”. A la Xunta tampoco le gusta este punto porque introduce “una gran variabilidad de supuestos”. Por eso, directamente propone que en el texto legal se suprima la referencia a la edad mínima y de retiro de los perros para trabajar.
GPS
El anteproyecto de ley prevé también que determinados animales de compañía vayan provistos de sistemas de identificación y posicionamiento geográfico. Medio Ambiente lo ve “confuso” porque no define “con claridad” si esto es obligatorio solo para los perros de pastoreo o para todos los animales de compañía que vivan en espacios abiertos. Si es así, advierte de las “dudas sobre su legalidad” pues la imposición de un sistema de localización GPS para estos animales, que viven en compañía de sus propietarios, “podría entrar en colisión con el derecho a la intimidad personal”.
Otra de las alegaciones presentadas por la Xunta es contra la diferenciación entre gato merodeador (que accede libremente al hogar de su titular), gato feral (que vive en libertad sin persona titular) y gato urbano (gato feral que establece su territorio en suelo urbano). “Se genera confusión, sería mejor referirse a ellos únicamente como gato sin dueño o gato abandonado”, alega la Xunta.
