Cada año, con la mudanza o la muerte del último vecino, decenas de aldeas gallegas desaparecen de la lista de pueblos vivos para engrosar la denominada España vaciada. Aun así, Galicia todavía puede presumir de un Nomenclátor que no admite competencia numérica: más de 32.000 entidades singulares de población –la mitad de todo el Estado– se distribuyen a lo largo de la geografía de la comunidad conformando un mapa de estrellas de la dispersión. Sin embargo, lo que es testimonio de una forma característica de habitar el territorio tiene una cara B, un lado que repercute en que esos lugares sigan convirtiéndose en poblados fantasmas: la mayoría de concellos del rural afrontan una “regresión demográfica difícilmente reversible” y la cuestión es si es “viable” mantener esta estructura en el futuro.
Lo exponen así desde el Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, concebido por la Xunta, que lo impulsó, como un “foro permanente entre las administraciones públicas y las organizaciones representativas de intereses económicos, sociales y políticos de Galicia” y cuya meta es “profundizar en el conocimiento de la realidad demográfica gallega” y definir indicadores para orientar las políticas de las administraciones en materia de impulso demográfico.
En “Perspectivas demográficas”, primer informe del Observatorio, que además constituyó el análisis con que el Ejecutivo gallego cimentó la Lei de impulso demográfico de Galicia, aprobada hace poco más de un año, los autores plantean la necesidad de “un debate sobre la viabilidad a medio plazo de mantener una estructura con 30.000 entidades de población, habitadas permanentemente y asegurando para todas ellas un acceso adecuado a los servicios que hoy se consideran imprescindibles”.
Menos servicios
Señalan que, si la respuesta es afirmativa, habría que “avanzar” en el diseño y suministro de servicios “adecuados” a ese hábitat. Porque, en la actualidad, alegan, los espacios rurales sufren un “déficit” de servicios públicos básicos. Como ejemplos ponen aquellos que impactan de forma “directa” en la dinámica demográfica, como pueden ser la situación “desfavorable” en servicios y otras condiciones relacionadas con el cuidado, crianza y educación” de los hijos y con la atención a mayores.
Estos últimos tienen a su disposición en las ciudades una media de 2,4 plazas por cada cien gallegos de más de 75 años, pero la ratio baja a 2,1 en el rural, sin contar con que siete de cada diez concellos carecen de centros de atención al colectivo. En el mismo sentido, añaden, apuntan las cifras de atención sanitaria de proximidad: con datos facilitados por el Sergas, aducen que dicha asistencia es cubierta en el 81,8% del territorio por el 29,2% de los médicos y menos del 21% de pediatras.
Estos déficits, prosiguen en el documento, se ven “agravados” por la ausencia, en la “mayoría” de los municipios rurales, de servicios públicos de transporte que conecten las entidades de población con las cabeceras municipales y comarcales.
Es ahí cuando el Observatorio concede que es un problema “complejo”, relacionado “en parte con una estructura del hábitat y una planificación de los servicios públicos que requiere una honda reflexión”. Si bien los servicios que deberían hacer estos lugares “atractivos” para la población son “insuficientes”, por otro lado ponen sobre la mesa repensar la viabilidad de la actual organización territorial y hacerlo partiendo de varios cambios “importantes” acaecidos en las últimas décadas: la “acelerada” pérdida de vecinos en la “mayoría” de las pequeñas aldeas y la ganancia de población de las cabeceras comarcales y municipales, que han ido asumiendo un rol “creciente” como centros de empleo y de prestación de servicios para las zonas rurales próximas.
“¿Es realista aspirar a que las 30.244 entidades de población que contabiliza el Nomenclátor de 2016 se mantengan habitadas de forma permanente y con un acceso de sus habitantes a oportunidades de empleo y servicios como corresponden al siglo XXI?”, plantean. “¿Resulta realista aspirar a generar nuevos empleos y facilitar la inserción laboral en cada aldea?” o “¿hasta dónde puede llegar la aproximación de servicios a la población?” son otros interrogantes que ponen sobre la mesa. La meta, señalan, es dirimir a qué escala territorial se articularán las iniciativas privadas y públicas encaminadas a construir “un rural posible”.
Mujeres
En todo caso, hacen notar que las medidas para mejorar oportunidades laborales, dotar de servicios y conciliar vida personal y familiar en el campo deben prestar “especial atención” a un colectivo que consideran “decisivo” para el futuro demográfico y socioeconómico del medio rural y que serían las mujeres en edad fértil. Para ellas urgen a impulsar políticas singulares para alcanzar una igualdad de condiciones real con las vecinas de las urbes.
Los datos no son alentadores. Solo una de cada cinco mujeres en edad fértil vive en el rural y, de hecho, si las tasas de emigración aumentaron entre 2005 y 2015 en los residentes del rural de 35 a 44 años, lo que ven “preocupante”, esa sangría de savia joven afecta con “mayor intensidad” a las mujeres, lo que “seguramente” se vincula con las “oportunidades laborales” y la “deficiente” dotación de servicios, especialmente aquellos relacionados con la economía del cuidado, apuntan.
