El BNG registrará en el Parlamento gallego una ley de residencias de mayores que, entre otras medidas, pondrá un máximo de 100 usuarios por cada centro, bien sea público o privado, y establecerá un incremento de los ratios de personal.
Esta norma, que los nacionalistas prevén registrar al inicio del nuevo período de sesiones en enero, tendrá tres objetivos fundamentales: garantizar el derecho “a una vejez digna”, constituir “un sistema público de cuidados fuerte” y “situar a las personas en el centro” de este servicio.
Así lo explicaron ayer la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, junto a la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón.El texto propone que los geriátricos sean “más pequeños y humanizados” al blindar un máximo de 100 usuarios. De hecho, según el proyecto normativo de los nacionalistas, estas instalaciones funcionarán por módulos de hasta 25 personas, que se reducirán a 20 si hay mayores dependientes.
En cuanto a las habitaciones, el 90 por ciento deben ser individuales y guardar criterios de sostenibilidad, además de permitir que los mayores se puedan llevar el mobiliario de su vivienda habitual. También apunta la necesidad de que las residencias se integren en los centros urbanos.
