La Xunta se prepara para auditar la seguridad de su red de carreteras obedeciendo un mandato de la UE. Para ello, ha comenzado a elaborar un decreto en el que se detallarán todas las actuaciones de obligado cumplimiento y otras que la Administración autonómica incorporará voluntariamente. El objetivo es que para antes del 31 de diciembre de 2024 se haya realizado una evaluación del estado de la red viaria autonómica y clasificado en al menos tres categorías diferentes su grado de peligrosidad con el fin de fijar las prioridades en intervenciones futuras para minorar los riesgos para el conductor.
Inicialmente esta obligación solo estaba dirigida a la red estatal de carreteras, pero ahora se amplía a más infraestructuras de comunicación, por lo que también involucra a las administraciones autonómicas. En principio, en Galicia la Xunta solo tendría que actuar sobre sus autovías, autopistas y las carreteras construidas con fondos europeos, pero la Consellería de Infraestruturas avanza que en el decreto que está preparando incluirá otras vías para no dirigir los esfuerzos, precisamente, a las calzadas más seguras como son las autopistas y autovías.
Esta evaluación, que medirá el riesgo de que se produzcan accidentes y de que el impacto sea grave, se hará de dos formas. La principal será un examen visual realizado sobre el terreno o con medios electrónicos. Y como segunda opción se ejecutará un análisis específico de los tramos de carreteras con más de tres años de explotación en los que se produzca un número elevado de accidentes en proporción al volumen de circulación.
Esta actuación tendrá que concluirse antes de 2025 y las posteriores evaluaciones no podrán superar el plazo de cinco años. Con dada evaluación se elaborará posteriormente un mapa en el que se identifiquen los tramos según el grado de seguridad o peligrosidad, que al menos contará con tres niveles diferentes en función del riesgo.
Otra novedad es que la Xunta implantará un sistema de notificación voluntaria y accesible a la población para que los usuarios de vías públicas (de titularidad autonómica, municipal y provincial) comuniquen los incidentes de seguridad registrados en las carreteras, así como cualquier percepción de que existe un peligro real o potencial.
Actualmente, los ciudadanos ya pueden comunicar las incidencias viarias a la Xunta, pero no están centralizadas y existen múltiples vías. Lo que se pretende en implantar un sistema que canalice todas las notificaciones, preferiblemente a través de internet o con las nuevas tecnologías.
Para la construcción de nuevas carreteras hay otras dos obligaciones, que también exigirá la UE para las reformas sustanciales de un tramo o de una vía ya existente. En el momento de la planificación se tendrá que realizar una evaluación de impacto de la seguridad vial, que luego se completará con una auditoría en las fases de proyecto de trazado y de construcción, su puesta a punto antes de abrirse al tráfico y durante la explotación inicial.
Esta auditoría, según indica la Consellería de Infraestruturas, será “independiente, pormenorizada, sistemática y técnica” y analizará, desde el punto de vista de la seguridad, las características del diseño.
Una quinta obligación emanada de la UE ya la está cumpliendo la Xunta, es que la realización periódica de inspecciones de las características y defectos que exigen una intervención de mantenimiento por motivos de seguridad, que ya se desarrolla como parte de los trabajos de conservación ordinaria de las carreteras.
