Solo ocho ayuntamientos gallegos se podrán beneficiar del fondo de 1.000 millones de euros habilitado por el Gobierno, con cargo a fondos europeos, para reducir emisiones y fomentar el transporte sostenible. Estas ayudas están dirigidas fundamentalmente a municipios de más de 50.000 habitantes y solo se prevén determinadas partidas a consistorios de más de 20.000 pero condicionadas a que dispongan de servicio de transporte interior y un plan de movilidad urbana sostenible. Con estos criterios la Consellería de Infraestruturas denuncia que quedan excluidos el 98 por ciento de los concellos gallegos, pues además de las siete ciudades solo Arteixo podría acceder a “inversiones mínimas”.
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunció ayer la apertura de la primera convocatoria para repartir 1.000 millones de euros de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los consistorios interesados dispondrán de plazo hasta el 30 de septiembre.
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El objetivo de este primer programa de ayudas es “acelerar la descarbonización” de las ciudades, “mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso” de zonas de bajas emisiones (ZBE), la transformación sostenible del transporte público colectivo y la digitalización de la movilidad.
Beneficiarios
La convocatoria va dirigida a municipios de más de 50.000 habitantes y a las capitales de provincia, lo que incluye la posibilidad de que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que dispongan de servicios de transporte colectivo público puedan optar a las ayudas destinadas a su digitalización, la renovación sostenible de la flota y el fomento del cambio modal en entornos urbanos.
Los ayuntamientos pueden presentar proyectos que hayan sido licitados después del 1 de febrero de 2020. Las actuaciones seleccionadas serán financiables hasta en un 90% de los costes elegibles y se establece un importe mínimo de subvención a solicitar cifrado en 200.000 euros por cada actuación. Se podrán financiar proyectos como peatonalizaciones, creación de infraestructura ciclista, fomento de la intermodalidad, aparcamientos disuasorios, actuaciones para calmar el tráfico rodado como semáforos o controles de velocidad...
Discrepancias
La Xunta ha expresado su discrepancia con los criterios para el reparto de estas ayudas, puesto que “excluyen a casi todos los ayuntamientos de Galicia”. Desde la Consellería de Infraestruturas denuncian además que se trata de una convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva, “con una baremación subjetiva y con un procedimiento que resuelve el ministerio sin supervisión externa”.
El Ejecutivo gallego recuerda que gestiona 5.500 kilómetros de carreteras autonómicas y reclama fondos Next Generation para mejorar esta red viaria. Sin embargo, explica que el Gobierno de España se queda con el 78 por ciento de los fondos europeos destinados a movilidad, reserva solo el 9 por ciento para las autonomías y el 13 por ciento para los municipios.
“Los perjuicios del reparto para el rural se agravan porque la principal condición que pone el Gobierno de España para el gasto a las comunidades es que las zonas de bajas emisiones se establezcan también en ciudades mayores de 50.000 habitantes”, denuncia Infraestruturas.