Poco más de un mes después de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, que permite solicitar el fin de la vida en casos de dolencias incurables y severas, Galicia ha dado los pasos reglamentarios necesarios para aplicar la norma, pero todavía ha dejado cosas en el tintero que la entorpecen. Al menos, esta es la percepción de la asociación Derecho a Morir Dignamente, cuya portavoz en Galicia, Ascensión Cambrón, lamenta la existencia de “flecos” que normalicen su puesta en marcha.
“Tal como está configurado, el paciente no puede recurrir directamente a su médico, sino al organismo creado para analizar su caso, que será, para elegir al facultativo que le aplicaría la muerte en casos de patologías gravísimas e incurables. Eso es una anomalía”, lamenta Cambrón, que reconoce que en su organización han recibido muchas llamadas de familiares y sanitarios para interesarse por el procedimiento para aplicar el acogimiento esta legislación, pero no tienen constancia de ningún caso concreto en Galicia.
Galicia forma parte del mayoritario grupo de comunidades que ya han creado la comisión de garantías y evaluación de los casos, trámite que no han cerrado Asturias, La Rioja, Andalucía y Navarra. De hecho, la Xunta aseguró en junio pasado que la autonomía había activado ya todos los mecanismos legales para que un ciudadano se acogiese a la posibilidad de acabar con su vida de forma voluntaria en caso de padecimiento grave e incurable, a pesar del recurso de su partido, el PP, ante el Tribunal Constitucional.
“Sí se ha creado la comisión, pero no sabemos si se ha reunido. Además, tampoco existen sustitutos de sus integrantes y no tenemos noticia del registro de objeciones que la ley permite crear”, añade Cambrón, que echa en falta mayor voluntad por parte de la Consellería de Sanidade. “Si un médico de Atención Primaria recibe una solicitud de aplicación de esta ley, parece una cuestión de voluntarismo que la tramite. No están claros los pasos a seguir”, lamenta.
De hecho, el presidente de Derecho a Morir Dignamente a nivel estatal, Javier Velasco, denunció ayer, informa Efe, los problemas “sangrantes” para poner en marcha esta ley. Según sus datos, entre 70 y 100 personas quieren acogerse a esta opción, pero solo ha trascendido el caso de una mujer de 86 años en Euskadi que haya recibido ayuda para poner fin a su vida.
