En el Tribunal Supremo. Será ahí donde se dirimirá finalmente el futuro del lobo ibérico si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de declarar el cánido una especie protegida y, en consecuencia, prohibir su caza en toda España. En la actualidad, en las comunidades “loberas” (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria) las batidas para controlar las manadas están autorizadas si se aprecia una amenaza para el sector agroganadero. Ante el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) antes del próximo 25 de septiembre, la alianza del Noroeste –que aglutina el 95% de los lobos censados en España– acordó dar un ultimátum al departamento que dirige Teresa Ribera: o retira antes del 15 de junio la orden ministerial o, de lo contrario, acudirán a los tribunales. Lo harán a través de un contencioso administrativo ante el Supremo para solicitar medidas cautelarísimas de suspensión. Así lo anunciaron ayer los responsables del área de Medio Ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León tras reunirse con representantes de las organizaciones profesionales agrarias.

Las comunidades “loberas” denunciaron “la sucesión de actos atropellados” por parte del Ministerio de Transición Ecológica y reivindicaron “una gestión nacional aprobada en 2005 en la que siempre ha habido consenso en el ámbito de la biodiversidad y que no se puede tomar ninguna decisión sin modificar esta estrategia”.

Tras insistir en que el lobo no es una “especie amenazada”, apelaron al Gobierno a “recuperar el consenso con la renovación de la estrategia nacional” con el acuerdo de todos los actores implicados, tal y como defendió el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la comparecencia conjunta en el Senado con su homóloga en Transición Ecológica el pasado mes de febrero.

Durante el encuentro celebrado ayer en el Centro para la Defensa Contra el Fuego en León, la conselleira de Medio Ambiente de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez, y al consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Juan Guillermo Blanco Gómez, demandaron al Gobierno la retirada “inmediata” de la orden y la constitución de una mesa de trabajo en la que se debata “todo, sin ninguna línea roja” con el objetivo de actualizar el censo nacional de la especie y consensuar la estrategia de conservación y gestión. De no ser atendida su reclamación antes de mediados de junio, elaborarán en conjunto su propio plan para controlar la especie, que en el caso de no ser atendida por el Ministerio de Transición Ecológica, “como última medida inevitable” acudirán a los tribunales. Esa posibilidad ya estuvo sobre la mesa desde que el ministerio dio luz verde a la protección del cánido sin el consenso que hasta el momento imperaba en todos los acuerdos de la comisión de Biodiversidad.

Desde Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León censuran el “desprecio” del Gobierno central durante el proceso en el que las comunidades loberas han hecho numerosas llamadas al consenso” en los últimos meses, en los que no tuvieron respuesta con argumentos científicos y técnicos a los informes remitidos. En sus alegaciones, la Xunta rechaza el plan del Gobierno por “carecer de base científica”, fundamentarse en un informe basado en criterios subjetivos, haberse manifestado en contra la propia Dirección de Producciones y Mercados Agrarios, no tener en cuenta los planes de gestión de las comunidades “loberas” y una cadena de incumplimientos por parte del Ministerio de Transición Ecológica.