La creación de la primera universidad privada de Galicia –impulsada por Abanca– ha dado otro paso más con la toma en consideración, en el Parlamento, de la ley que autorizará su implantación en la comunidad. El trámite salió adelante con el apoyo del PP, mientras que BNG y PSOE, así como un centenar de personas en la calle, mostraron su rechazo por considerar que la nueva institución académica es “innecesaria”, duplica titulaciones ya existentes en los campus gallegos y se convertirá en un elemento de competencia desleal con las tres universidades públicas que operan en Galicia.
Sin embargo, la opinión de la Xunta y del PP es otra bien distinta. El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se encargó de defender la ley que permitirá la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa y sostuvo que supone una oferta “complementaria” a las de Vigo, A Coruña y Santiago y no implica merma en la financiación pública del sistema.
“Tiene vocación de ser útil y diversificar la oferta educativa, sin menoscabo del buen hacer de las universidades públicas, siendo compatible el incremento de la oferta de una manera complementaria”, afirmó el conselleiro.
Cumple requisitos legales
Insistió en que el proyecto de Abanca “cumple todos los preceptos legales” y que se “autofinanciará” de manera privada, por lo que instó a no trasladar la “falsa idea” de que su existencia supone un “menoscabo” de la financiación pública de las universidades gallegas. Añadió también que cuenta con el aval del Ministerio de Universidades y que respeta la legalidad vigente.
La institución académica de Abanca centrará su actividad en dos áreas: las ciencias sociales y jurídicas, y la ingeniería y arquitectura. De este modo, ofertará cuatro grados, cuatro másteres y dos doctorados. Tendrá su sede en Santiago y contará con campus en Vigo y en A Coruña, y el conselleiro puso en valor que habilitará un sistema propio de becas y ayudas al estudio para el que destinará el 15% de los ingresos obtenidos anualmente.
Con una posición totalmente contraria, los dos grupos de la oposición, BNG y PSdeG, rechazaron la iniciativa e intentaron que la ley no iniciara su tramitación parlamentaria. Pero el PP tiene mayoría absoluta e impuso su criterio.
La lectura de la oposición
Por el Bloque, Manuel Lourenzo sostuvo que la universidad privada “duplica titulaciones” que ya existen en la pública y que “no pretende más que crear un lobby para élites sociales que sí pueden pagar su precio”. “Nos oponemos”, insistió el parlamentario, quien recordó que el centro de Abanca no dispone del informe favorable del Consello Económico e Social y cuenta con el rechazo de las universidades públicas y de las organizaciones sindicales y estudiantiles”.
La diputada socialista Noa Díaz censuró también las duplicidades y enfatizó que hasta puede “poner en riesgo” a las universidades públicas. “No queda acreditada su necesidad toda vez que las tres públicas que cubren ya la demanda de los estudios de enseñanza superior con estándares de calidad debidamente evaluados y certificados”, indicó.
Durante el debate, la Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública, integrada por los sindicatos CIG, CC OO y UGT, así como por las organizaciones estudiantiles Erguer, Anega, Acción Universitaria y Sindicato de Estudantes, se concentró a las puertas del Pazo do Hórreo para mostrar su rechazo.
La oposición desoye la oferta de consenso por la PAC
El conselleiro de Medio Rural, José González, apeló ayer en el Parlamento al “consenso” de los partidos para alcanzar un “acuerdo de mínimos” de cara a la negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC) hasta 2027, antes de que se celebre el 11 de junio una reunión de la conferencia sectorial monográfica, convocada por el Ministerio de Agricultura. Explicó que Galicia ya cuenta con el “consenso” de las comunidades de la cornisa cantábrica –Asturias, Cantabria y País Vasco–, organizaciones agrarias y cooperativas en defensa de un modelo de PAC que prime las pequeñas explotaciones con ayudas directas, si bien demanda que haya un acuerdo político para reforzar esa posición. Pero el conselleiro se encontró con la desconsideración de la oposición. Su oferta no encontró eco. La diputado del BNG Carmen Aira afeó al responsable de Medio Rural que hable de consenso “cuando esto está casi terminado”, al tiempo que se quejó de “falta de información” del Gobierno gallego a los grupos. Por el PSOE, la reacción fue similar. Martín Seco tachó de “tomadura de pelo” que el conselleiro busque un acuerdo “a 15 días” de que se cierre la negociación, después de que “no hayan tenido el valor” de presentar la propuesta gallega ni el documento pactado con el resto de autonomías.
