Por tercera vez, llegó a O Hórreo la reclamación del traspaso a Galicia de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial y que en la práctica supondría la creación de una Policía propia que relevase a la Guardia Civil en el control de carreteras. La primera ocasión fue en 2008 de la mano del BNG; la segunda, con el PSdeG en 2019. Entonces, el Congreso en 2012 y posteriormente el fin de una legislatura echaron por tierra la histórica demanda para gestionar desde la comunidad todo lo relacionado con la seguridad viaria. El Parlamento gallego fue escenario ayer del tercer debate de una proposición no de ley sobre esta transferencia a iniciativa del Bloque. El acuerdo salió adelante con la abstención del PP, partido que gobierna en la Xunta, y que fue avalado por nacionalistas y socialistas. Una vez tomada en consideración la propuesta, la Cámara autonómica deberá darle trámite para su remisión al Congreso. Una vez entre en la agenda de la Cámara baja, un proceso que podría demorarse unos dos años, una delegación de diputados autonómicos deberá defender en Madrid la petición.
Ante la reclamación, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) manifestó su “preocupación”: “No existe un clamor social en las calles que pida la creación de un cuerpo policial autonómico, ni tan siquiera la necesidad de crearlo”; advirtió.
