El pasado 30 de marzo, trece personas recibieron una advertencia en el Diario Oficial de Galicia para que remitiesen al Servizo Galego de Saúde (Sergas) los datos de sus respectivos seguros, so pena de que les cobrase a ellos la atención sanitaria prestada en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte. La factura médica depende del servicio, con 1.030 euros por hora de quirófano, 528,95 por día de hospitalización o 361,59 por atención en urgencias sin ingreso. La pandemia, sin embargo, ha repercutido de lleno en la facturación de la sanidad pública a particulares no cubiertos por la Seguridad Social (como extranjeros) o aseguradoras responsables de la prestación en casos de accidentes de tráfico, laborales o deportivos. Los cobros a terceros se redujeron el año pasado 20 millones de euros, pasando del récord de 77 millones de 2019 a 57. El desplome se concentra en los particulares.
Las restricciones de movilidad impuestas para contener la pandemia de COVID-19 son las responsables de rebajar esa cifra, de la que el Sergas todavía tiene pendiente por cobrar 21 millones, según los datos económicos de la Xunta correspondientes al último trimestre del año pasado.
La atención sanitaria en Galicia y el resto de España no es gratuita. Se abona mediante los impuestos y no tienen que pagarla cuando son atendidos quienes están cubiertos por la Seguridad Social, aunque los cuidados en urgencias están blindados. Sin embargo, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) factura sus prestaciones en circunstancias fijadas: a particulares extranjeros no cubiertos por el sistema público ni por un convenio con este de su país o en casos de accidentes viarios, laborales o deportivos si se trata de competiciones federadas o bajo el amparo de alguna asociación o centro, como un rocódromo o un gimnasio.
Ofensiva contra impagos
Esta cuestión generó un agujero en las cuentas autonómicas por los cientos de casos que no lograban cobrarse, circunstancia agravada durante la anterior crisis desencadenada en 2008 por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. Entonces, la Xunta de Feijóo (PP) llegó a aplicar un recorte de sus cuentas de hasta 2.200 millones de euros, con tijeretazos durante cuatro ejercicios seguidos.
En ese contexto, en 2011 decidió blindar legalmente el cobro a terceros de la atención sanitaria. En caso de no ser identificado el responsable del pago (aseguradora, mutua laboral o federación deportiva, por ejemplo), la administración cargaría la factura a nombre del paciente. Además, encareció los precios de sus servicios, operación que repitió en 2014. Desde entonces, el uso del quirófano cuesta 1.030 euros, movilizar una ambulancia, entre 285 y 956; y poner en el aire un helicóptero de emergencias, entre 7.991 y 8.049, por ejemplo.
El Sergas preveía una facturación a terceros de 60,7 millones durante el año pasado, cifra que se situó en 57, aunque solo ha recaudó al cierre de diciembre 36,2. Debe cobrar todavía 21 millones, según consta en la ejecución presupuestaria autonómica del último trimestre de 2020.
La mayor cuantía corresponde a la facturación a particulares, que descendió de casi 46 millones en 2019 a 26,3 el año pasado. Se trata de extranjeros no amparados por convenios bilaterales ni seguros de viaje, o nacionales no cubiertos por la Seguridad Social o que no han identificado la aseguradora responsable. Le siguen las mutuas laborales, que aumentaron de 17 a 19 millones; y las compañías aseguradoras por accidentes de tráfico, que cayeron de 11,2 a 9,1.
A esas cifras se unen 1,5 millones de convenios con Muface, 804.423 euros de Isfas y 73.063 de Mugeju.
