Nunca como hasta ahora las administraciones apostaron tanto por la rehabilitación ni pusieron sobre la mesa tantas ayudas para reformar y adaptar edificios y viviendas. Pero estas buenas intenciones chocan con la realidad. Los aparejadores advierten que los concellos tardan año y medio en conceder una licencia urbanística. Y no es el único atranco. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia advierte que la dificultad para celebrar juntas de propietarios debido a la pandemia frena el acceso de las comunidades de vecinos a las subvenciones destinadas a rehabilitación.

“Es de capital importancia que se agilicen las licencias de obras para el desarrollo y ejecución del Pacto Social por la Vivienda”, advierte el presidente del Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Pelayo Eyo Valladares. La Lei do Solo fijaba un plazo máximo de tres meses para la concesión de una licencia urbanística municipal. Sin embargo, actualmente la demora es seis veces superior: entre 18 y 20 meses. “Es inaceptable”, advierten los aparejadores. Así se lo trasladaron por videoconferencia a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez y al director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García Porto.

La Xunta movilizará 72 millones de euros en 2021 en varias líneas de actuación en materia de vivienda. Pero la burocracia municipal podría frenar estas ayudas.

Para solucionarlo los aparejadores proponen “dotar de mayor capacidad técnica a los concellos gallegos para que puedan incrementar sus plantillas y que éstas puedan hacer frente a ese reto”.

Además, defienden que los ayuntamientos gallegos deberían destinar parte de sus ingresos por tasas e impuestos de licencias para reforzar sus equipos de personal técnico y así poder reducir unos plazos, que según denuncian, “hoy son inasumibles”.

Los aparejadores proponen también que pasados tres meses los solicitantes de las licencias puedan instar a la administración local para que sea más diligente.

Pero la demora en estos permisos no es la única traba en la rehabilitación. Las restricciones a las que obliga la pandemia están dificultando la convocatoria de juntas de vecinos en Galicia. “Decisiones tan importantes como el arreglo de un tejado, rehabilitar una fachada o poner un ascensor requieren del acuerdo de los propietarios a través de una reunión y si no se reúnen no se puede hacer, lo que tiene consecuencias nefastas para la comunidad”, advierte el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia.

Desde que se declaró el estado de alarma el pasado mes de marzo de 2020 apenas se han celebrado juntas de propietarios, cuando antes de la crisis se registraban 50.000 reuniones ordinarias al año y unas 17.500 extraordinarias.

Sin estos acuerdos no se pueden aprobar obras ni solicitar las subvenciones que ofrece la Xunta. El problema radica además en que no hay una normativa que establezca la validez de las reuniones telemáticas, de manera que si se hace una junta online los acuerdos que se adopten se podrían impugnar.

Los administradores de fincas reclaman modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que incluya la validez de las decisiones adoptadas en reuniones virtuales.