La pandemia de COVID ha causado una revolución en la forma de trabajar, disparando la prestación de la jornada desde el domicilio. Esta revolución también ha llegado a la administración gallega, que permite a su plantilla teletrabajar la mitad de sus jornadas mensuales durante un año. Pero el establecimiento de unas normas para esta nueva vía, ha abierto la puerta a dudas sobre rendimiento e incluso cumplimiento de las horas dedicadas a las tareas asignadas. Para evitar que alguien se conecte, pero se pase la mañana viendo una serie de Netflix o haciendo pesas en la terraza, la Xunta implantará a partir del año que viene un sistema para controlar los quehaceres diarios de sus empleados que opten por trabajar desde sus domicilios.
Es uno de los pilares del nuevo plan de mejora de los servicios públicos que el Ejecutivo implantará a partir de este año, retomando viejas promesas como medir la carga de trabajo de cada área para saber qué secciones están sobredimensionadas de personal y cuáles no pueden sacar adelante sus objetivos por falta de manos suficientes.
Indicadores de trabajo
La citada estrategia guarda un capítulo que ya se apuntaba en la orden de diciembre pasado que regulaba la prestación del teletrabajo en la administración autonómica. Ahí ya se recogía que los responsables de cada servicio –que son los que autorizan las solicitudes individuales de teletrabajo– asignarían tareas concretas “por escrito” y establecía la posibilidad de que “establecer los indicadores que permitan la medición del trabajo desarrollado en esta modalidad”, incluyendo una estimación temporal. “Se podrán utilizar herramientas informáticas y procedimientos que, garantizando en todo momento la intimidad de la persona trabajadora, permitan hacer un seguimiento y comprobación del trabajo que se está realizando a lo largo de la jornada de trabajo”, reza esa orden.
Esa posibilidad se concretará en 2022, según el cronograma del citado plan de mejora de servicios públicos, que garantiza que “se establecerá y extenderá una herramienta informática que permita una monitorización de la actividad desarrollada en la modalidad de teletrabajo”.
Según el acuerdo con la CIG, la Xunta estableció que mientras no se fije ese procedimiento, el “teletrabajador” deberá realizar informes mensuales de sus tareas “con los instrumentos y medios tecnológicos que se le proporcionen”.
Sistemas de control
En la actualidad existen diferentes modelos en el seno de la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP). Una parte de los servicios administrativos emplea el sistema Kronos y una tarjeta identificativa. Con ambos, se conectan a la intranet de la Xunta cuando teletrabajan, por lo que ya “fichan” y sus operaciones pueden quedar registradas. “Si se quiere implantar una herramienta a mayores, debe negociarse con los trabajadores. No tenemos constancia de un nuevo sistema”, apunta Zeltia Burgos, secretaria de CIG-Autonómica. Esta aplaude que se ponga en marcha un análisis de la carga de trabajo para evitar las horas extra de mucho personal saturado, pero plantea dudas sobre el concepto de “monitorizar” la jornada.
Sin embargo, ese método no se ha extendido a los 30.000 empleados autonómicos que no son sanitarios ni docentes no universitarios. En algún ente público, su plantilla se vio sin una vía ni ordenador de la administración para teletrabajar. Tampoco cuentan con el sistema Kronos. Así que usaron una conexión segura habilitada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y un programa para conectarse de forma remota a sus equipos de la oficina.
Esa vía permitiría saber cuándo se mueve el ordenador o este está activo, pero no existe un sistema que “monitorice” qué hace cada día un funcionario en teletrabajo. La Consellería de Facenda, que recuerda que Galicia fue la primera comunidad en adaptarse a la normativa de reforma del teletrabajo aprobada por el Gobierno central en septiembre, quiere contar con esa herramienta el año que viene. “La monitorización busca facilitar el seguimiento de las tareas que se realizan a distancia, simplificar el sistema de teletrabajo y mejorar la organización y distribución del trabajo”, apunta el departamento de Valeriano Martínez.
Menos papeleo para las subvenciones
En la lista de objetivos de la estrategia de mejora de la calidad de los servicios públicos de la Xunta figura un punto que pretende agilizar la llegada de las ayudas públicas a sus destinatarios. Para ello, se pretende simplificar la burocracia y facilitar así la tramitación de las subvenciones. El punto 3.1.2. del citado plan señala como meta “llevar a cabo una revisión del marco de las políticas subvencionadoras” de la administración autonómica “mediante una armonización de los procedimientos”. La fórmula elegida es aligerar trámites, como “puede ser el mayor uso de las declaraciones responsables, que no precisan aportar tanta documentación por los solicitantes, o incrementar la consulta de datos” cruzados con otras administraciones para “minimizar la documentación a presentar por ciudadanos y empresas”, aclara la Consellería de Facenda. Este cambio se aplicará este año, según su cronograma.
