No contar con el personal suficiente o que este no tenga la titulación exigida, deficiencias en las instalaciones, desatención de las necesidades básicas de los usuarios, superar los límites de ocupación, proporcionar a los usuarios tratos degradantes... Son algunas de las infracciones que se enumeran en la Lei de servizos sociais de Galicia, aunque las irregularidades “más frecuentes” que llegan hasta la Administración gallega tienen que ver con el incumplimiento de la proporción del personal necesario para atender el servicio y el no contestar a los requerimientos de los servicios de inspección.
Así lo explican desde la Consellería de Política Social, que el año pasado, con la pandemia y su incidencia en los centros de mayores, duplicó su actividad sancionadora respecto al ejercicio anterior al incoar un total de 53 expedientes sancionadores, a una media de uno por semana. Como señalan desde la Xunta, es raro que estos casos no acaben en multa.
El departamento dirigido por Fabiola García también registró un incremento del 7% en el número de denuncias tramitadas, que ascendieron en total a 477, y eso a pesar de que la labor inspectora, por culpa de la pandemia, se redujo en un 25 por ciento sobre lo previsto. El grueso del dato, que recopila las reclamaciones realizadas por particulares o por entidades públicas o privadas, está protagonizado por instalaciones relacionadas con mayores, discapacidad o dependencia, en seis de cada diez casos. Además, con respecto a los datos recopilados para el ejercicio de 2019, estas reclamaciones experimentan un crecimiento de un 17,5 por ciento.
Política Social cerró 2020 con una cuarta parte menos de inspecciones que en 2019. Lo atribuye a que determinados centros (ocupaciones, de día, sociocomunitarios...) que debe supervisar permanecieron durante tiempo clausurados por el coronavirus y en los primeros meses de la pandemia la incidencia de la enfermedad, “especialmente en las residencias”, señala, y las limitaciones del confinamiento también incidieron en la reducción de la actividad inspectora. No obstante, de forma paralela, indican que las “nuevas necesidades” de estos centros frente al virus requirieron de un mayor asesoramiento por parte de la Administración y suscitaron asimismo “una mayor preocupación” entre los particulares.
Del mismo modo, dado que estos centros residenciales en los primeros meses de la crisis sanitaria “eran los únicos” que permanecían abiertos, Política Social ve “natural” que concentren la “mayoría” de denuncias. Desde la Xunta inciden en que las residencias de mayores “siempre” son objeto de control y seguimiento “continuo” por los inspectores de servicios sociales. “Se contesta a todas las denuncias presentadas y se realizan las inspecciones correspondientes”, subrayan.
Política Social prevé reforzar su labor fiscalizadora este año. El plan de inspecciones registra un 36% más de visitas planeadas, como ya había avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Así, incluye inspeccionar todos los puntos de encuentro familiar y centros de menores y 262 de los 590 centros de atención a la infancia, entre ellos guarderías y ludotecas, que operan en Galicia. En el listado también se contempla supervisar todas las casas nido y del mayor y elevar el porcentaje de instalaciones controladas en centros de día y en residencias, donde cuentan con inspeccionar tres de cada cuatro, entre otras.
El plan además recoge como novedad, dentro de la vigilancia de los servicios sociales comunitarios, un programa de prevención e inserción social con un “examen” a partir de un muestreo aleatorio de los expedientes individuales de la Risga y del seguimiento trimestral en cada caso y un examen de las ayudas de inclusión social y de las visitas domiciliares realizadas” y para comprobar que las ayudas para equipamiento mobiliario básico de la vivienda y mejora de la habitabilidad se destinan a su finalidad.
