Con más de 20.000 paradas recogidas en el nuevo plan de transporte interurbano de la Xunta que completó su implantación en diciembre, su gestión no estaba a veces exenta de complicación, ya que cambiar su ubicación requiere de la conformidad del concellos o diputación provincial, dependiendo de qué administración es la titular de la vía. Para agilizar este trámite y dar seguridad jurídica a las empresas de transporte, la Xunta podrá autorizar cambios en las paradas o crear otras nuevas por la vía ejecutiva sin necesidad de esperar al consentimiento del municipio o del gobierno provincial.
Esta modificación ha sido introducida por el PP, como una enmienda, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2021 y que está a punto de aprobarse. Según la Xunta, la iniciativa partió del sector, que acudió el grupo parlamentario popular para solicitar el cambio legal y la Consellería de Infraestructuras lo aceptó.
El nuevo plan de transporte es más dinámico que el modelo anterior, de forma que es lo suficientemente flexible para adaptarse a la evolución de la demanda. Así, es posible cambiar la ubicación de una parada o crear una nueva siempre que existe esa necesidad. De hecho, es lo que se hace cada año en el diseño de las rutas escolares en función del número de alumnos y su procedencia.
Pero para el resto de transporte, estas alteraciones resultaban un poco más complicadas, ya que las empresas deben realizar los trámites correspondientes ante los concellos o las diputaciones provinciales. Sin embargo, dado que no siempre obtenían respuesta de la administración local pero las paradas se cambiaban, las empresas se sentían desamparadas e inseguras jurídicamente, por lo que reclamaban un paraguas legal.
Enmienda en los Presupuestos
Este ha llegado mediante una enmienda del PP que permitirá a la Xunta actuar por la vía ejecutiva sin necesidad de contar con la autorización previa de la administración local correspondiente. No obstante, se dará audiencia al ayuntamiento o diputación titular de la carretera y se le otorga la opción, pero con condiciones, de rechazar la propuesta. “En el caso de formulación de alegaciones que impliquen la negativa a la creación o al emplazamiento de una parada, el titular de la vía deberá presentar una o varias alternativas justificando el mantenimiento de una análoga o mejor funcionalidad para las personas usuarias”, se recoge en la enmienda del Partido Popular.
También las empresas podrán alegar, pero en la reforma se argumenta que los cambios propuestos de paradas están amparados por razones de interés público. Como contraprestación, la Xunta deberá prever eventuales compensaciones as las concesionarias para mantener su equilibrio económico y “resarcir al contratista por las nuevas obligaciones del servicio público que se imponga”.
Con este cambio legal estarán amparadas por la vía ejecutiva todas las alteraciones que se produzcan en las paradas en función de la demanda de viajeros, y no solo, como hasta ahora, las originadas por las rutas escolares.
El plan de transporte de la Xunta nació de forma un tanto convulsa, ya que ha estado plagado de recursos. De hecho, al poco de abrirse la licitación fue paralizado cautelarmente por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. Posteriormente se retomó y tampoco se libró de constantes litigios contra las empresas.
Normativa europea
La normativa europea obligaba a la Xunta a adjudicar los contratos de explotación del transporte por autobús por 10 años a partir de 2019, pero la administración adelantó la renovación en 2017 forzada por la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de la prórroga de los contratos entonces vigentes. Decenas de empresas renunciaron a seguir explotando 600 líneas y la Xunta acometió una renovación provisional en dos fases, de las cuales la última se acaba de completar el pasado mes de diciembre.
En total, el nuevo mapa de transportes cuenta con casi 3.200 líneas, de las que más de la mitad son compartidas, es decir, utilizadas tanto por viajeros convencionales como por escolares.
