El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra juzgará mañana al expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán y a la actual delegada territorial de la Xunta, Luisa Piñeiro, acusados de fraude y prevaricación por presuntas irregularidades en las obras de un campo de fútbol en Moraña. Esta causa es una pieza separada de la conocida como operación Patos, y además de Louzán y Piñeiro, que en el momento de los hechos era alcaldesa de Moraña (Pontevedra), se sentarán otras seis personas, entre ellos el responsable de la empresa Eiriña, adjudicataria de las obras, varios empresarios o el entonces director de infraestructuras de la Diputación. Hasta ahora todas las causas principales de la Patos han quedado en nada.
El fiscal pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Rafael Louzán, Luisa Piñeiro y Manuel G. J., el director de infraestructuras, por prevaricación y fraude, aunque los dos últimos solo en calidad de cooperadores necesarios en el caso de la prevaricación. Las penas solicitadas para los otros cinco acusados oscilan entre los dos y tres años de cárcel.
En el escrito de acusación, el fiscal fija el inicio de esta actuación irregular en diciembre de 2011, cuando la Diputación de Pontevedra aprobó un convenio con el Concello de Moraña para remodelar el campo de fútbol al que la institución provincial aportaría casi un millón de euros, al que había que sumar otros 21.000 euros para la redacción del proyecto.
La actuación se financió mediante una subvención discrecional de Louzán y fue adjudicada a la constructora Eiriña. Dos años después, la Diputación aprobó modificar el proyecto para, según asegura el fiscal, abonar unos 86.000 euros a la empresa por un sobrecoste relativo a unas obras no contratadas, a pesar de que la ley impedía rebasar el importe de la adjudicación.
Según el fiscal, ante la negativa de los técnicos de la Diputación de abonar ese incremento, los acusados “idearon un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado”. Y fue la alcaldesa la que solicitó una nueva subvención para ejecutar una serie de mejoras en el vestuario y las gradas del campo que, añade el fiscal, hacían referencia a la ejecución de obras que, al menos parcialmente, ya habían sido realizadas.
