El pazo de Meirás abrió ayer sus puertas para la realización del primer inventario oficial de los bienes que guarda en su interior. Técnicos de Cultura de la Xunta y de Patrimonio Nacional, abogados de las partes, la jueza que dictó la sentencia que ordena devolver el inmueble al patrimonio público y la letrada de la Administración de Justicia accedieron ayer a la finca para registrar, analizar y dar fe de las piezas y objetos que permanecen en la actualidad en la que fue residencia de veraneo de Franco y su familia durante toda la dictadura. La magistrada y las partes acordaron fijar un plazo de veinte días naturales, prorrogable, para completar el inventario, de modo que los bienes que acoge el pazo quedarían detallados diez días antes de la fecha fijada para la entrega provisional del pazo por parte de los Franco al Estado, fijada para el 10 de diciembre, de acuerdo a la orden de ejecución provisional de la sentencia, solicitada por el Estado y a la que los herederos del dictador accedieron “voluntariamente” mientras se resuelve su recurso contra el fallo.

Los Franco no podrán sacar ningún bien del pazo hasta que se concluya el inventario. La magistrada, Marta Canales, estimó la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado, a falta de poco más de un mes para la devolución provisional y prohibió la retirada de efectos del inmueble, aún en manos de la familia del dictador, hasta tener un censo exhaustivo de todos los bienes.

La comitiva que ayer revisó todas las propiedades que contiene el pazo construido por Emilia Pardo Bazán –entre ellas, la biblioteca de la condesa y escritora– accedió al recinto, ante un intenso despliegue de la Guardia Civil, a las 10.12 horas sin tener una estimación del tiempo que requeriría la revisión ni, siquiera, si podría completarse en el día. “Depende de lo que nos encontremos. Es muy grande y no sabemos lo que hay dentro”, apuntó uno de los letrados antes de traspasar la entrada.

Los guardeses del pazo ejercieron de guías en un primer recorrido por los jardines y estancias. Para el inventario, la jueza y las partes detallaron la forma de proceder a media mañana, y así lo firmaron en una resolución: se tomarían fotografías y se realizarían vídeos de todas las piezas, objetos y bienes de diversa índole que se encontrasen en el interior y los exteriores de As Torres. El material debía guardarse en una tarjeta digital, que se llevaría la letrada de la Abogacía del Estado, responsable de dar fe de que las imágenes se correspondían con lo hallado ayer en Meirás, y se custodiaría en el juzgado. De esa tarjeta habrían de realizarse copias que se remitirían a los técnicos para que elaboren el inventario.

En una primera ojeada a las dependencias no se detectó la presencia ni ausencia de ningún bien destacado con respecto a los que se habían visto antes en el recinto. Solo un “inventario inicial”, como define ahora la Xunta, realizado en 2008, cuando el pazo se declaró Bien de Interés Cultural (BIC), esbozó un registro de los artículos que reposaban en su interior. Allí estaban también las dos esculturas del Mestre Mateo que reclama el Concello de Santiago.