No solo presión policial. Tras las instrucciones dictadas por el Ministerio del Interior y la Fiscalía del Estado para agilizar los desalojos cuando se produzca la okupación ilegal de una vivienda -para los casos en los que se aprecie "violencia", que el dueño sea un particular y que afecte al vecindario-, el Gobierno pone sobre la mesa el déficit de medidas sociales para frenar este creciente fenómeno que, en el caso de Galicia, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "no es alarmante" y está lejos de las cifras de asaltos registrados en el resto del país. No obstante, reconocen que la crisis económica derivada del estallido del Covid-19 ha provocado un aumento de las usurpaciones de pisos y casas en la comunidad, en especial en las ciudades. En total, la Policía ha detectado en Galicia 108 okupaciones en lo que va de año, un volumen que ya supera las 100 registradas en todo 2019. Esta cifra sin embargo solo representa el 0,16% de todas las infracciones penales registradas en la comunidad.
En la reunión operativa mantenida ayer con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, los mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de Galicia, encabezados por el Jefe Superior de Policía, José Luis Balseiro, y el general jefe de la XV Zona de la Guardia Civil, Luis Francisco Rodríguez, dieron cuenta de la evolución de las okupaciones ilegales y de las particularidades del fenómeno en Galicia. De los 108 delitos de usurpación de vivienda registrados en lo que va de año, 54 fueron en la provincia de A Coruña, 40 en la de Pontevedra, 7 en Lugo y otras 7 en la de Ourense. La tendencia durante los últimos años se ha mantenido al alza: en todo 2019 fueron 100, el año anterior 89, 2017 se contabilizaron 82 y en 2016 se registraron 73. No obstante, Losada quiso destacar que este tipo de delitos solo representan el 0,16% de las infracciones penales de todo 2019 (80.288). Cifras, comparó, que están alejadas de las 6.000 usurpaciones de viviendas que sufrió Cataluña, 2.500 de Andalucía o 1.400 de Madrid, así como de las 345 en Murcia, 213 en País Vasco o 186 de Aragón. "Galicia está a años luz de la [okupación] que se da en otros puntos de España", destacó Losada.
Para tratar de dar solución a quienes por razones económicas se ven forzados a entrar en una vivienda (ya sea segunda residencia o en desuso -en este último caso también se incluyen las de procedencia bancaria-), el delegado del Gobierno en Galicia urgió ayer a la Xunta y a los concellos a garantizar la dotación de alternativas de habitabilidad a personas en situación de vulnerabilidad. Tras cuestionar los recortes aplicados durante los últimos años en viviendas sociales, el delegado del Gobierno reconoció que el contexto social y económico derivado de la crisis del Covid favorece el fenómeno okupa. Así quiso destacar las medidas del Gobierno para minimizar el impacto de la crisis en el derecho a la vivienda, entre los que citó una inversión 44 millones.
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, denunció "la falta de respuesta" de Losada a su petición de reunión. "Hace diez días que esta Consellería solicitó un encuentro y hasta el momento nos obtuvimos respuesta", indicó mediante un comunicado sobre "un problema de orden público que genera cada vez mayor inquietud social".
