El Consello de la Xunta dio ayer luz verde a tres leyes pendientes -de acción exterior, de residuos y de museos- con las que se retoma la actividad legislativa en el punto en que se había dejado antes de que la Cámara fuese disuelta el 11 de febrero para la inicial convocatoria de elecciones en abril, que tuvo que retrasarse a julio a causa de la pandemia sanitaria.
La ley de residuos y suelos contaminados es la que obliga, entre otros efectos, a los restaurantes a ofrecer a los clientes las sobras de los menús, que además deberán ser entregados en recipientes fabricados al menos con un 50% de material biodegradable.
La norma firma mecanismos par luchar contra el plástico de un solo uso y establece que en 2023 los concellos deben realizar una recogida separa de bioresiduos y en 2024, de derivados textiles.
Los tres textos aprobados hoy se suman a los que se remitieron a la Cámara la pasada semana relativos al impulso demográfico, a la ordenación del territorio y a la pesca fluvial sostenible.
Tras el Consello y a preguntas de los periodistas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentó que el "bloqueo y las dificultades" que tiene el Gobierno central para poder configurar las cuentas estatales se esté contagiando a las autonomías que no pueden conformar sus propios presupuestos hasta que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar los objetivos de estabilidad de 2021 y el techo de gasto.
Feijóo insistió en que el hecho de que el Ejecutivo estatal "tenga dificultades para hacer sus presupuestos no puede bloquear todas las cuentas públicas" del país.
De hecho, aseguró que desde que el Gobierno aporte los datos necesarios para elaborar las cuentas, Galicia está en disposición de llevar los presupuestos al Parlamento en cuestión de "semanas".
El Consello también aprobó la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, que se remitirá al Parlamento y al Consello de Contas. Feijóo indicó que la comunidad volvió a cumplir el objetivo de déficit público en 2019 al cerrar el año por debajo de la cifra de 0,1% autorizada por el Estado al tiempo que también se concluyó el año con una ratio de deuda/PIB del entorno del 17,5%, sensiblemente por debajo del tope autorizado del 17,9%. Además se ingresaron 111 millones de euros menos por las rebajas de impuestos, en Sucesiones y Donaciones y en los que afectan a transacciones en el rural.
