La Xunta es una de las administraciones "entorpecedoras" de la labor desarrollada por el Defensor del Pueblo, según consta en su informe de 2019 presentado hoy en el Congreso de los Diputados. En concreto, fue la Consellería de Política Social la que no contestó a ninguno de los tres requerimientos del organismo con una recomendación sobre atención a la dependencia.
El Defensor del Pueblo considera "administraciones entorpecedoras o no colaboradoras" a aquellas que no responden a su tercera comunicación sobre un determinado tema. Con la misma etiqueta que el Gobierno gallego aparecen los de Cataluña, Andalucía, Canarias, Murcia y Melilla, además de otras 111 entidades.
El organismo recomendaba a la Xunta la incorporación de las personas reconocidas en situación de dependencia moderada (Grado I) al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). "Se formuló un tercer requerimiento [sin contestar] el 3 de julio de 2019", de acuerdo al informe.
En otras dos ocasiones, Política Social sí contestó a la tercera, una en relación a los perros de asistencia y otra sobre la situación en las residencias de mayores, tan de actualidad por la devastadora incidencia del coronavirus en estos centros. También Medio Rural esperó a la última oportunidad para responder, con más de un año de retraso, a una petición sobre incendios forestales.
En el capítulo de administraciones que dieron una respuesta a la tercera también está el Concello de Vigo. El Defensor del Pueblo le solicitó información complementaria, el 13 de junio de 2018, relativa a la redistribución de efectivos efectuada en la Policía local. Se hizo el tercer requerimiento el 27 de marzo de 2019 y, finalmente, se recibió el informe el 20 de mayo de 2019.
