La demanda para alquilar un piso de protección pública se ha incrementado en un 25% entre 2018 y 2019 derivado de la subida constante de los precios de la vivienda libre. Ahora ya son 12.700 los gallegos inscritos en el registro de demandantes del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Cifra que se eleva a 15.200 si se cuentan los que están apuntados para acceder en propiedad a un inmueble con algún tipo de protección. A consecuencia de esta demanda creciente, el Gobierno gallego ha decidido elevar la reserva mínima de suelo municipal destinado a vivienda protegida, que de media para toda Galicia ha quedado fijada en un 6,4% para este año, un 11% más alta que la que se estableció para 2019, lo que supone además un incremento por segundo año consecutivo que consolida una tendencia al alza tras cinco años de caída continua. Se trata demás de la reserva más alta desde 2013, cuando fue del 7,11%.
La Lei do Solo establece con carácter general que los ayuntamientos tienen que destinar a vivienda protegida como mínimo un 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos. No obstante, la norma ofrece la excepción de que los municipios mayores de 5.000 habitantes puedan fijar porcentajes inferiores siempre que garanticen la atención a la demanda real de vivienda protegida.
Para ello, en sus planes de ordenación tienen que recoger la previsión de poder adecuarse a esa demanda. Y la forma de conocerla es mediante el registro de la Xunta, donde deben figurar obligatoriamente todas las personas que aspiran a hacerse con un piso protegido, tanto si pretenden su adquisición como si optan a un alquiler.
En función del número de solicitantes, el IGVS fija anualmente la reserva de suelo de cada municipio para atender las necesidades de alojamiento. Con esta fórmula se ha determinado que en 2020 no puede bajar del 6,4% en Galicia, si bien hay concellos donde se supera ampliamente. En esta situación se encuentran nueve.
A la cabeza de todos se encuentra Vigo, con un 17,82%, si bien este municipio tiene fijado siempre como reserva mínima el 40%. Como segundo concello con más necesidades figura Brión, un pequeño ayuntamiento próximo a Santiago con menos de 8.000 habitantes y en el que se ha establecido una reserva de suelo del 11,87%.
Por encima de la media figuran otras cinco ciudades: Pontevedra (11,29%), A Coruña (10,7%), Lugo (10,56%), Ferrol (9,45%) y Santiago (7,46%). En Ourense el porcentaje es el mismo que la media gallega.
Hay además otros dos concellos de mediano tamaño en los que su dinamismo demográfico conlleva una mayor reserva de suelo para vivienda protegida. Son Foz (9,9%) y Cambre (8,6%).
Ahora mismo figuran 15.200 personas en el registro de demandantes gallego, en el que la gran mayoría opta por el alquiler como fórmula de acceso a la vivienda protegida. Antes de las crisis, la adquisición era la vía dominante, pero la tendencia ha ido cambiando y ahora solo representa el 17% de los solicitantes.
