Bruselas acaba de entrar en la discusión sobre los plazos del AVE gallego que hasta ahora abanderaban la Xunta y el Gobierno central. En una comunicación de la Comisión Europea sobre la concesión de 226 millones de euros para las obras de plataforma del tramo entre Lubián y Taboadela, la UE expone que el tren de alta velocidad que enlazará Galicia con Madrid no entrará en servicio en su totalidad hasta enero de 2022. Desde Adif y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) se apresuraron a restar validez al plazo comunicado por Bruselas, alegando que si bien se trata de una fecha facilitada por el propio Gobierno a las instituciones europeas dentro de la documentación para tramitar fondos comunitarios, se apostó por operar con un margen temporal "muy cauteloso y prudente" con el objeto de evitar una eventual pérdida de recursos económicos en caso de retrasos por cualquier contingencia en la ejecución del AVE.
"Esa línea ferroviaria se espera que esté operativa a partir de enero de 2022", trasladó la Comisión Europea en la comunicación para informar de la concesión de los 226 millones de euros al tramo gallego del AVE.
A día de hoy, todavía se desconoce cuándo entrará en servicio el tren de alta velocidad en su totalidad. En primavera, según las previsiones anunciadas por la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el pasado diciembre en A Coruña, se pondrán en funcionamiento los 110 kilómetros del tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería que permitirán recortar en 50 minutos el viaje a Madrid. Pero la fecha del tramo gallego no se ha desvelado por el momento. Pardo de Vera tan solo indicó que en marzo se iniciarán las pruebas de carga entre Pedralba de la Pradería y Taboadela, pero que no podía indicar cuándo entraría en servicio. La razón es que la autorización final para comenzar la explotación comercial depende de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un órgano independiente.
No obstante, el último calendario oficial, acordado por el Gobierno de Mariano Rajoy y sumido por el de Pedro Sánchez, es que a lo largo de 2020 se iba a poner en servicio todos el AVE gallego, a excepción de la variante de Ourense.
Entonces, ¿por qué Bruselas da la fecha de enero de 2022? Porque fue la que le facilitó el Gobierno español en la documentación enviada para la gestión de esos 226 millones de euros comunitarios con los que se cofinancian las obras de la alta velocidad.
El Ministerio de Transportes explicó ayer que se trasladó a la Comisión Europea un plazo "amplio" para no arriesgarse a sufrir penalizaciones o incluso perder financiación por retrasos en las obras debido a cualquier contingencia o imprevisto. "Se optó por ser cautelosos con la referencia temporal para no pillarse los dedos con la asignación de fondos", asegura el Ministerio de Transportes. "Ese plazo de 2022 no es el nuestro", deja claro.
El Gobierno sostiene que mantiene su "programación", la anunciada por Isabel Pardo de Vera en diciembre, de forma que las pruebas de carga se iniciarán en marzo y que luego será la Agencia de Seguridad Ferroviaria las que dé el visto bueno final, pero sin fecha concreta porque "tiene prioridad la seguridad".
En todo caso, el plazo que maneja Bruselas se asemeja bastante a la auditoría elaborada el pasado año por la Xunta sobre el ritmo de ejecución del AVE. En ese informe se denunciaba que el tren de alta velocidad no iba a estar en servicio en su totalidad en 2020 y que había serias dudas de que lo pudiera hacer en 2021 con el Xacobeo.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo ayer que "lamentablemente" la previsión de Bruselas coincide más con la auditoría de la Xunta que con los anuncios del Gobierno de España
"¿Qué quiere que le diga? Vamos a estudiar bien quién es el que dice eso pero no puedo acreditar más que me parece mucho más verosímil esa fecha que las fechas engañosas" que "trata de dar el Gobierno de España desde todos sus púlpitos", valoró Feijóo tras el Consello de la Xunta.
