Los concellos sumarán su octavo ejercicio consecutivo con superávit cuando 2019 eche el cerrojo y amanezca 2020. Su salud financiera mejora en términos generales, pues el año pasado los 313 municipios gallegos incrementaron más de un 27% su remanente -el indicador de su solvencia, que incluye los fondos locales más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación- hasta obtener 814,5 millones de euros de balance económico positivo entre ingresos y gastos, a pesar incluso de que las deudas de dudoso cobro que particulares, empresas u otras administraciones tienen con ellos. Esta morosidad creció en 13,3 millones y se situó en 455,2, el récord histórico municipal.
Este capítulo incluye deudas que superan el año sin haber sido saldadas. Se trata de derechos pendientes considerados de difícil cobro por parte de las haciendas locales. En este saco aparecen tasas, impuestos, sanciones, facturas por servicios que prestan las empresas municipales o sentencias en las que los ayuntamientos son beneficiarios de alguna indemnización,
A pesar del vigor financiero de los concellos y la mejora económica de los últimos ejercicios, con crecimientos constantes del producto interior bruto, los "saldos de dudoso cobro" aumentan. En 2015 sumaban 412,5 millones, por 420 de 2016 y casi 442 de 2017. El año pasado esa magnitud alcanzó los 455,2 millones, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda sobre las liquidaciones contables de los ayuntamientos. A nivel estatal, la tendencia se mantiene, pues de algo más de 10.000 millones en 2017 se pasó a 11.337 el ejercicio pasado. Se trata de más del doble de los 4.451 del año 2010.
La mayor parte de esa morosidad afecta a los concellos de Pontevedra, aunque en este caso se trata de la única cifra que desciende, pasando de casi 174 millones a 170. En las otras tres provincias, los datos aumentan: de 155,2 a 161,4 en A Coruña, de 53,6 a 58,1 en Lugo y de 59,3 a 65,7 en Ourense.
Los más afectados por esta cuestión son los ayuntamientos de menor tamaño. Los "saldos de dudoso cobro" aumentaron más de un 11% en aquellos consistorios que no superan los 5.000 vecinos, sumando un total de 51,4 millones por este concepto. En los que oscilan entre 5.001 y 20.000 habitantes el aumento fue del 4,9% hasta 105,3 millones; entre 20.001 y 50.000, del 4,7% (50,9); y entre 50.001 y 100.000, del 5,7% (100). En Vigo y A Coruña, únicas urbes que superan los cien mil residentes, la cuantía prácticamente se mantuvo congelada en 147 millones de euros, según las últimas estadísticas de Hacienda.
Diputaciones
Parte de las deudas que difícilmente podrán cobrar los concellos se refieren a los impuestos. Para evitar problemas en la recaudación, el 85% de municipios gallegos ha cedido total o parcialmente esta tarea a las diputaciones provinciales a cambio de un porcentaje. Los 264 que optaron por esta modalidad son 33 más que en 2012.
Aun así, también las diputaciones provinciales se topan con el problema de la morosidad, aunque este se redujo ligeramente el año pasado. Sus "saldos de dudoso cobro" sumaron 11,6 millones al cierre del año pasado, medio millón menos que en 2017.
