La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) renovará mañana, en su asamblea general, los órganos de gobierno para los próximos cuatro años y pondrá al frente al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, del PSOE. Pero además, el órgano municipalista debatirá y votará también su relatorio, en el que se definirá su hoja de ruta y plasmará las demandas de los concellos gallegos, muchas de ellas repetidas en los últimos años porque no obtienen respuesta. Pero entre las de nuevo cuño figura la de reclamar que las demás administraciones, Gobierno y Xunta, rebajen la tutela y el control que ejercen sobre la prestación de los servicios municipales y la gestión de sus recursos, tareas de supervisión que se implantaron o incrementaron durante la pasada recesión económica.

"Después de la crisis consideramos que la respuesta de los concellos fue excepcional a pesar de las enormes dificultades sobrevenidas y por las propias normativas restrictivas, en algunos casos muy cuestionables", se recoge en el borrador del documento político que se llevará a la asamblea del viernes.

Esta "demostrada responsabilidad" de los ayuntamientos durante la recesión, ajustándose a los límites de gasto y objetivos de déficit, lleva a los concellos a considerar que "debiera ser el impulso definitivo para terminar con la desconfianza y tutela recurrentes e injustificadas que las otras administraciones tienen con los municipios, tanto en la prestación de los servicios como en la gestión de los recursos".

No obstante, el relatorio de la Fegamp considera que en vez de darle más libertad a los ayuntamientos, se les resta capacidad para desarrollar los servicios. "El excesivo control de gasto aplicado de forma genérica se convierte en estancamiento y política antieconómica que se traduce en una mayor burocracia paralizante que dificulta la realización de políticas de desarrollo local y de la prestación de servicios ágiles y de calidad", continúa la queja, para añadir que las últimas normas de control de las haciendas locales solo "dificultan económica, técnica y jurídicamente a los concellos".

Por contra, mientras se implantaron nuevas normativas para intensificar la supervisión de las cuentas municipales, la Fegamp denuncia el "inmovilismo absoluto" en el sistema de financiación, modelo implantado en 2004 y que ahora adolece de "multitud de ineficiencias". Como ejemplo, el documento político cifra en 1.700 millones de euros los perjuicios para los concellos gallegos al comparar la financiación por habitante recibida con la media nacional.

Por eso, exigen una reforma urgente del modelo y los cambios legales necesarios, como también hizo la Femp, para poder reinvertir cuanto antes el superávit presupuestario de este año, una acción comprometida por el clima de inestabilidad política en el Estado.

Los concellos también se quejan de que la Xunta les ha ido adjudicando más competencias y servicios en los últimos años a través de leyes, pero que en ningún caso llevaban aparejada la financiación correspondiente. Y a eso le suman la "parálisis" en la gestión por parte de la Administración autonómica de determinados servicios que son de su competencia, pero que están a cargo de las arcas municipales, como los gastos corrientes -electricidad, limpieza, conserjería o mantenimiento- de los centros de educación infantil y primaria o los conservatorios.

En el apartado fiscal, el documento aboga por una reforma del IBI para que los ayuntamientos puedan aplicar una bonificación del 90% a las familias con menos recursos; reformar de una vez el impuesto de plusvalías tras las diversas sentencias que los tumban cuando las ventas no reporten beneficios; y que mientras tanto, se compense a los municipios por las pérdidas ocasionadas por los fallos judiciales. Este tributo lo regula el Estado y los ayuntamientos solo pueden decir si lo aplican o no, pero sin poder introducir cambios.