31 de octubre de 2019
31.10.2019

La deuda de "dudoso cobro" al IGVS por alquileres y compra de vivienda protegida roza los 17 millones

-Las facilidades de pago no logran reducir esta carga en dos años - En 2018 solo cobró 400.000 euros de los 4,6 millones previstos

31.10.2019 | 01:58

A pesar de la mejora económica, la Xunta no ha logrado reducir los 16,8 millones de euros de "dudoso cobro" por impago de alquileres y compra de viviendas públicas que acumulaba a finales de 2016. Se trata de los efectos de la crisis sobre el bolsillo de los ciudadanos que accedieron a este tipo de pisos y que adeudan un dinero que en 2017 y 2018 no se rebajó en su cuantía global. Esa cantidad supone casi un tercio de los 53,1 millones de deuda problemática de ciudadanos, particulares y otras administraciones con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

La administración considera "de dudoso cobro" aquella deuda que supera el año. En 2016, el IGVS sumaba casi 17 millones en ese epígrafe. Al cierre del año pasado, el dato se mantenía en 16,8, a pesar de las facilidades que, asegura el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ofrece para pagar por las viviendas públicas bien alquiladas, bien adquiridas en propiedad.

"El IGVS está siguiendo una política de flexibilidad y aplazamiento de pagos en las viviendas de promoción pública, en función de la situación económica y personal del adjudicatario", expone el organismo. Esta política de flexibilidad "busca no agravar los problemas de los deudores, pero sin que eso signifique cobrar las deudas", sino que se trata de llegar a acuerdos para pagar paulatinamente y "evitar incrementar las deudas", explican desde Medio Ambiente.

La deuda de "dudoso cobro" con el IGVS suma 53,1 millones, según el balance del año pasado de la administración autonómica. De ellos, 32,44 corresponden a Xestur, la sociedad pública de gestión de suelo industrial, dinero que "se va a cobrar", aseguran fuentes del departamento de Ángeles Vázquez.

En este caso se trata de las ventas de suelo residencial e industrial que el IGVS traspasó a las cuatro xestures provinciales durante el bipartito. Su venta será lo que permitirá saldar la deuda, añaden desde la Consellería de Medio Ambiente.

Otros 16,81 millones de "dudoso cobro" se refieren a pagos pendientes de particulares por la adquisición de vivienda pública o de alquiler. La mayor parte (12,7) corresponde al primer caso, si bien incorpora también 1,77 millones de intereses. En el caso de pisos arrendados, el dinero adeudado durante más de un año es de 2,34 millones.

Desde Medio Ambiente aseguran que gracias a las facilidades de pago "las deudas se van reduciendo año a año", pero los nuevos impagos han provocado que el saldo de dudoso cobro se mantenga igual el año pasado que en 2016. De hecho, durante 2018 se amortizó un millón de euros correspondiente a deudas por compra de vivienda anteriores a 2017, pero al añadirse nuevas cantidades el saldo final no se rebaja.

El ejercicio pasado evidencia el problema del IGVS, que también alerta habitualmente de la carga que supone para él el mantenimiento de sus viviendas vacías (IBI, luz, agua...). De los 4,6 millones que debía ingresar por alquileres y préstamos a quienes adquirieron vivienda pública solo obtuvo 393.043 euros: 263.449 de alquileres y 129.594 de los intereses hipotecarios. Quedaron pendientes 4,1 millones, según la Conta Xeral del año pasado.

Seguro

Para prevenir los impagos de inquilinos que vivan de alquiler gracias al Programa de Viviendas Vacías de la Xunta, el IGVS ha licitado un seguro multirriesgo de hogar que cubre no solo desperfectos, sino que garantiza el cobro de la renta a los propietarios por 52.452 euros para este año, 2020 y 2021.

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