La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se reúne hoy para debatir y votar la convalidación del decreto-ley aprobado por el Gobierno central en funciones para efectuar las entregas a cuenta para las comunidades, que en el caso gallego suponen 330 millones de euros del total de 700 que la Xunta reclama al Ministerio de Hacienda desde hace meses. En total, supondrá más de 4.600 millones de euros para las autonomías.
Hace una semana, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, avanzó que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se empezarían a entregar "en los primeros días de noviembre", antes de las elecciones generales del 10-N, y de forma fraccionada entre el próximo mes y diciembre.
La Diputación Permanente es el único órgano de la Cámara que sigue existiendo tras la disolución de las Cortes y, en estos periodos entre legislaturas, tiene sus funciones muy limitadas. Solo puede reunirse para debatir sobre la convalidación de decretos-leyes y, si es el caso, para decretar los estados de alarma, excepción y de sitio.
Los decretos-leyes deben ser convalidados por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación. En este caso, los plazos se han apurado.
El decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas fue aprobado el pasado 11 de octubre. Si se cumplen las previsiones, Hacienda liberará el importe correspondiente a la actualización de las entregas a cuenta entre noviembre y diciembre, divididas en fracciones del 50%.
Esa vía legal fue descartada en un principio por el Gobierno de Pedro Sánchez, que alegó carecer de presupuestos, primero, para actualizar las aportaciones a las comunidades y estar en funciones, luego. Finalmente, aseguró haber logrado el aval de la Abogacía del Estado.
