Como una herramienta para combatir el abandono del rural y el secular minifundismo del campo gallego, la Xunta creó en 2008 el Banco de Terras, un organismo con el que pretendía movilizar tierras y hacerlas productivas actuando como un mediador entre los productores que necesitan fincas y aquellos propietarios que las están aprovechando y las quieren para arrendar. Ahora, el Ejecutivo autonómico se propone dar un paso más y poner a la venta las parcelas públicas, es decir propiedades del Banco de Terras que tienen un uso agrícola y un tamaño muy pequeño o aquellas que pudieran mejorar la base territorial de las explotaciones por su cercanía. Hasta ahora, Medio Rural priorizó el arrendamiento de las fincas, un proceso que reconocen como complejo por la demora en las tramitaciones hasta el punto de que pueden prolongarse más de dos años, pero en los próximos meses esperan empezar ya con las ventas.
En la actualidad, la Consellería de Medio Rural gestiona un total de 10.547 propiedades con una superficie total que ronda las 5.500 hectáreas. Este balance supone casi 500 más que las disponibles hace año y medio en el Banco de Terras (+5%). Si a comienzos de 2018 apenas estaba arrendada una décima parte, en la actualidad casi dos de cada diez están alquiladas: 1.695 (el 16% del total), 410 más en el primer trimestre del año pasado (un 3,2% más). Además, hay interesados en hacerse con otras 1.103 fincas, aunque todavía están en trámites para su cesión en régimen de arrendamiento. La carga de tramitaciones hizo demorar los procesos de arrendamiento en algunos casos hasta dos años, pero la Xunta espera agilizar al máximo los procesos de alquiler. Y se marca la próxima primavera como horizonte para adjudicar una finca en un plazo máximo de tres meses.
Fincas disponibles quedan 4.808. Y más de 1.400 están en la cartera del Banco de Terras pero no son alquilables, bien por tener una construcción, un depósito o estar solicitada para cesión o casas similares. La mayoría de las propiedades a las que se puede acceder a día de hoy están en A Coruña (1.535) y Ourense (1.402). El volumen en Pontevedra y Lugo es bastante más bajo, con 981 y 890, respectivamente.
Las tierras adheridas al Banco de Terras se alquilan por un periodo máximo de 70 años en el caso de los terrenos forestales; y de 15 en las tierras agrarias. No obstante, también hay excepciones, como es el caso de los viñedos, ya que pese a no tratarse de un cultivo forestal los contratos de arrendamiento superan los 15 años con el objetivo de que puedan ser aprovechados.
Como mínimo, las fincas pueden alquilarse por 5 años, pero en este caso no hay posibilidad de prorrogar el contrato.
Por provincias, A Coruña concentra el grueso de las propiedades en manos del Banco de Terras: un total de 3.851 (36,5%). Ourense un 25% y Lugo un 24%. De Pontevedra figuran 1.534 terrenos (14,5%).
