Las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) repartieron el año pasado 174 millones de euros entre casi 30.000 productores de Galicia. En la convocatoria abierta este año el plazo de inscripción finalizó en mayo después de ampliar el plazo una semana desde finales de abril para facilitar las gestiones. En esta ocasión, el montante asciende a 210 millones, de los que 170 corresponden a pagos directos de la PAC y 40 a medidas agroambientales de desarrollo rural, es decir, ayudas a zonas con limitaciones naturales, agricultura ecológica o plantaciones forestales en terrenos no agrícolas. El año pasado unos 28.628 agricultores y ganaderos de la comunidad solicitaron estas ayudas y, del total de peticiones, el 23% -6.581- corresponde a personas con edades superiores a los 65 años.
En las negociaciones para la aplicación de la reforma de la PAC a partir de 2020, comunidades del norte como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco han creado un frente común para que las nuevas ayudas no afecten a las pequeñas explotaciones. En este sentido, reclaman que los pagos directos se destinen a los agricultores profesionales en activo, aunque sin excluir a los que se dedican a la actividad agraria de forma parcial y que se excluya a las personas jubiladas para facilitar el relevo generacional. Pero no es posible eliminar de golpe a los perceptores que superan la edad de jubilación. De todas formas, si se comparan las cifras del año pasado respecto a 2017, los mayores de 65 años que pidieron estas ayudas se redujeron un 10%: de 7.170 a 6.581. La cifra global de solicitantes también bajó un 6%: de 30.339 a 28.628.
Concentración
Desde la Consellería do Medio Rural atribuyen esa caída al repunte de las fusiones y de las agrupaciones de explotaciones, una tendencia al alza sobre todo en el sector lácteo para ganar competitividad. Según este departamento, el lácteo gallego vive un proceso de "concentración, profesionalización y redimensionamiento" de las granjas. Así, desde 2012, unas 800 explotaciones individuales se integraron en sociedades, lo que supone más de un centenar de casos al año.
Estas fusiones de explotaciones para constituir sociedades o cooperativas permiten a los ganaderos gallegos recibir un cheque más abultado de la UE. Aunque la falta de relevo generacional hizo caer los beneficiarios de los fondos comunitarios en un 40% en una década -de los 45.325 de 2008 a los más de 28.400 del año pasado- la subvención media alcanzó los 6.125 euros por perceptor, el doble que los 3.309 de diez años antes.
Además, de los más de 28.600 solicitantes, unos 3.000 -el 10%- son personas jurídicas, es decir, sociedades agrarias de transformación (SATs), sociedades civiles o comunidades de bienes. Medio Rural aclara que la presencia de jóvenes en esta categoría es "relevante" si bien "no es posible discriminar la variable de edad por su propia condición de personas jurídicas". También es en este ámbito en el único en el que se registraron más inscripciones el año pasado, de 2.947 en 2017 a las 3.005 de 2018.
En cuanto a las personas físicas que pidieron subvenciones de la PAC el año pasado, solo 144 eran menores de 25 años, menos del 1% del total. En la siguiente franja que va de los 26 a los 40 años, el número de solicitantes asciende a 2.600. Aún así, los menores de 40 anos representan menos del 10% de las peticiones. Las ayudas se concentran entre los agricultores y ganaderos entre 41 y 64 años, ya que con 16.298 peticiones copan casi el 60% de las solicitudes.
A partir de 2020 se realizará la negociación de la nueva PAC entre los Estados miembros y Bruselas para definir el modelo de ayudas de cara al periodo 2021-2027. Ante este escenario, las comunidades del norte, reclaman no solo excluir del sistema a las personas jubiladas. Galicia y el resto de autonomías de la cornisa cantábrica reclaman que la futura PAC sea más "justa y equitativa" para superar los desequilibrios entre territorios y se tengan en cuenta variables como el envejecimiento y la despoblación que sufre el rural en estas comunidades. Para beneficiar a las explotaciones de menor tamaño plantean además un tope máximo de ayuda por beneficiario de 60.000 euros. Y con el objetivo de paliar las limitaciones de productividad y rentabilidad de las granjas ubicadas en zonas de montaña reclaman una discriminación positiva para estas áreas, al mismo tiempo que apuestan por un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional.
