Las fincas que se vayan incorporando al patrimonio público de la comunidad autónoma -si es que el Estado no plantea un conflicto competencial por el cambio legal que plantea la Xunta- acabarán en el Banco de Terras. Esta será la herramienta con la que se gestionarán los predios abandonados con dueño desconocido.
El objetivo no es explotar las fincas directamente por parte de la Xunta, sino desde ahí ponerlas a disposición de los agricultores o ganaderos, bajo la fórmula del arrendamiento, para que las pongan a producir, según explicó ayer el conselleiro do Medio Rural, José González.
"Que se puedan ceder a aquellas personas que vayan a desarrollar una actividad agraria o forestal", dijo, dejando claro que esta facultad solo se aplicará a las tierras abandonadas que no tengan dueño conocido ni aparezca tampoco después de un proceso de investigación para intentar identificar al propietario.
El Banco de Terras dispone actualmente de 10.202 fincas que suponen una superficie de casi 5.300 hectáreas. De ellas, 1.526 están alquiladas a agricultores por un precio medio de 61 euros por hectárea, que varía entre los 84 euros de Lugo, la provincia con los precios más caros, y los 42 de Pontevedra y Ourense.
Existen otras 1.419 que están en proceso de arrendamientos y otras 1.400 que no se pueden alquilar por tener un depósito, una construcción o estar solicitadas para una cesión a los ayuntamientos. Casi 1.600 están en proceso de incorporación y quedan libres 4.300 con una superficie de 1.126 hectáreas.
