La inspección fiscal de la Xunta aumentó su rendimiento un 13% en 2017 al abrir durante ese ejercicio 671 expedientes de sanción contra particulares y empresas que no pagaron sus impuestos. A todos ellos se les reclamó por la vía ejecutiva, una vez que incumplieron con su obligación de liquidar los tributos en el plazo voluntario, la cantidad de 25,3 millones de euros.
Con respecto a 2016 se produjo un incremento del número de sanciones, pero no así del importe recaudado. De los 593 expedientes incoados en 2016 se pasó el ejercicio siguiente a 671, lo que representa un incremento del 13,1%. Sin embargo, las cantidades reclamadas por la vía de apremio pasaron de 31,8 millones a 25,3, lo que supone un desplome del 20,5%.
Pese a esta caída en la recaudación, la Inspección General del Ministerio de Hacienda asegura que la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) ha cumplido en general los objetivos previstos. "Los resultados alcanzados permiten formular una valoración positiva de la gestión de la Atriga dado que se superan en la mayoría de los casos los objetivos cuantitativos establecidos", reconoce Hacienda. Y no solo felicita a la agencia gallega, sino que aconseja recompensar a los trabajadores por su buena labor. "En recomendación se sugiere premiar económicamente a los funcionarios cumplidores ligado a la implantación de un modelo de evaluación de desempeño", propone.
Una de las causas de esta sugerencia de que se premie a los trabajadores es que el número de actas por inspector en 2017 fue de 55,5 por un importe de 2 millones, lo que supone sobre 2016 un ligero incremento (52,9), aunque cae el importe (2,8 millones).
El importe medio que se reclamó por cada acta levantada durante 2017 ascendió a casi 37.000 euros. Fue un 29,6% inferior al del año anterior y la cifra más baja desde 2013 cuando el importe medio por sanción fue de 25.900 euros. La cantidad total exigida por la vía ejecutiva, con el recargo pertinente de la sanción, llegó a los 25 millones, lo que representa el 4,8% de la recaudación total obtenida en Galicia por la gestión de los tributos cedidos, que fue de 511 millones.
En total, la Consellería de Facenda detectó que casi 36.000 gallegos se habían quedado cortos en su tributación, lo que permitió incrementar la recaudación en 110 millones de euros.
La Atriga se creó en octubre de 2012, pero no fue hasta enero de 2013 cuando comenzó sus actividades. La puesta en marcha de este organismo provocó una profunda remodelación del área de inspección tributaria autonómica, que pasó de estar descentralizada a centralizarse en el Área de Inspección Tributaria. Esta medida produjo un cambio en el sistema de trabajo y, por tanto, de los objetivos, que se completó con la introducción de un nuevo sistema informático del plan de inspección.
Por tipo de impuesto
La agencia gallega posee un Plan de Control Tributario, que aprueba cada año y que determina las actuaciones que se deben realizar con cada uno de los impuestos que recauda (patrimonio, sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados).
El mayor volumen de impago en 2017, tanto por la intención de cometer fraude como por desconocimiento o descuido, se registró en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Los inspectores levantaron 295 actas de infracción por un importe total de 15,8 millones, que equivale al 12,3% de la recaudación que se obtiene en Galicia por este tributo y al 62% del importe de todas las sanciones. Desde 2016 están exentos de este tributo los legados que no superan los 400.000 euros.
En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se incoaron 276 expedientes sancionadores por una cuantía de 4,2 millones. Las inspecciones realizadas sobre el Impuesto de Patrimonio presentaron unos resultados más discretos. Se abrieron 100 actas por deudas tributarias de 5,2 millones.
