El Parlamento gallego ha aprobado con los votos del PP y la abstención de los grupos de la oposición -En Marea, PSdeG y BNG- la Ley de refuerzo de atenciones prioritarias de servicios públicos que permite comenzar a gastar este año 48 de los 125 millones de euros con cargo al superávit del año 2018, los cuales se destinarán a sanidad, educación y servicios sociales.
Esta mañana se ha dado luz verde en los términos mencionados a la idea de dirigir a estas finalidades los primeros 48 millones, reordenando así los fondos que, en un principio, se habían reservado este año para amortizar la deuda de las entidades SPI y Gestur, aunque el objetivo es utilizar el cien por ciento del superávit y mediante este mecanismo emplear otros 48 millones en 2020.
De este modo, se ascendería a un gasto de 96 millones que se completarían con otros 34 millones -17 millones cada año- que quedarán disponibles también en la Sociedad Pública de Inversiones.
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en su intervención ante el pleno, ha defendido el atajo legal ideado por la Xunta para reducir deuda de la comunidad y así liberar créditos presupuestarios con los que se pueden financiar nuevas inversiones, siendo un camino que, según ha revelado, también aplicará "el Gobierno de Canarias", que comenzará a emplear el superávit sin esperar la autorización del Estado.
Que otro Gobierno autonómico opte por aplicar una norma similar "demuestra que el camino emprendido por Galicia es la vía correcta", ha apreciado el representante autonómico.
Tal y como ha desgranado el titular de Facenda el reparto de los 48 millones "que son de los gallegos" permitirá destinar 22,5 millones a educación, 16 a sanidad, 6,5 a política social y tres a prevención de incendios.
De forma previa al debate de la ley, los grupos de la oposición mostraron su rechazo a que el debate de la norma se llevase a cabo mediante el proceso de lectura única aunque el PP con su mayoría absoluta logró que así fuese consiguiendo que desde mañana entre en vigor.
Críticas de la oposición
Una decisión que ha sido muy criticada por los grupos de la oposición que han asegurado que la única urgencia que motiva al PP para acelerar los procesos y "hurtar" el debate al Parlamento es el interés "electoral" de aprobar la ley de forma previa al inicio de la campaña para las elecciones municipales, que arranca en la medianoche del jueves.
Los grupos de la oposición han decidido no votar en contra y únicamente abstenerse al entender que la norma permite reorientar el pago y llevar a cabo gastos que aún siendo insuficientes, sí son prioritarios, y que, además, siendo solicitados por el Gobierno gallego suponen una rectificación a sus propios presupuestos.
Los tres grupos han coincidido así en remarcar que los 48 millones son un "dinero necesario pero que demuestran la muy mala planificación" de la Xunta.
En opinión del diputado de En Marea Manuel Lago esta ley supone una "rectificación en toda regla de la política de los últimos diez años" del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo que pone de manifiesto que las partidas destinadas a servicios básicos "son claramente insuficientes.
Con todo, para Lago, los 48 millones de euros son una "escasa cuantía que no justifica el alboroto generado por el presidente de la Xunta" ya que la "operación no deja de ser una más de las numerosas modificaciones de crédito que se hacen de manera ordinaria todos los ejercicios".
En una línea similar, el portavoz parlamentario del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga ha incidido en que este movimiento nada tiene que ver con el superávit pues son básicamente "transferencias internas" para las que "no se están aplicando recursos adicionales".
El dinero que ahora se destinará a gasto social es un montante que ya tenía la Xunta "cuando se aprobó el presupuesto a finales del pasado año" pero que decidió orientar a otro tipo de cuestiones; "ahora con meses de retraso nos dan la razón", ha enjuiciado.
Así las cosas, el socialista ha admitido que, en su opinión, en algunas cuestiones el uso del superávit debería flexibilizarse.
Por parte del BNG, Noa Presas ha considerado que el texto votado esta mañana "es una modificación de presupuestos por campaña electoral", revestida "de arquitectura de política ficción".
Así, aunque la nacionalista defiende que Galicia haciendo uso de su autogobierno debe decidir siempre en qué gastar su superávit, la maniobra de la Xunta es "un absoluto disparate que demuestra que se organizan mal".
Frente a las críticas, el viceportavoz del PPdeG en O Hórreo, Miguel Tellado, ha presumido del movimiento del Ejecutivo gallego: "Podemos hacerlo porque Galicia fue una Comunidad cumplidora y lo hacemos en ejercicio de nuestro autogobierno" porque "no queremos más palos en las ruedas" desde el Ejecutivo central.
Además, ha remarcado que esta no es una iniciativa ideológica y sí una que piensa en atender los intereses de Galicia de una forma "ágil y eficaz".
