Galicia considera una "discriminación injustificable" que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez haya decidido transferir al País Vasco la titularidad del tramo vasco de la autopista A-68 que une Bilbao y Zaragoza mientras rechaza ceder a la Xunta la de la Autopista do Atlántico (AP-9). "Para el Gobierno todos los españoles no somos iguales", denunció hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El traspaso de la A-68 forma parte de un paquete competencial pactado por el PSOE con PNV y EH Bildu, que ayer fueron dos de los grupos que permitieron al Gobierno socialista validar varios decretos ley en la Diputación Permanente.

Feijóo se refirió a esa contrapartida con dureza. "El Gobierno actual habla muchísimo más con Otegi [dirigente de EH Bildu] que con la Xunta. Es evidente que Galicia no lo puede admitir", clamó el presidente gallego, que consideró que esta decisión demuestra "de nuevo" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "actúa contra los intereses de Galicia", crítica que ya expuso cuando se presentaron los presupuestos estatales que rebajaban la inversión territorializada para la comunidad un 19%.

Feijóo añadió como argumento sobre la discriminación gallega que la AP-9 transcurre íntegramente por territorio gallego mientras que la AP-68 atraviesa tres comunidades. "Es una decisión de enorme calado desde el punto de vista de la red de carreteras del Estado", aseguró sobre la transferencia a Euskadi del tramo vasco de la autopista. El resto permanecerá en manos del Ministerio de Fomento.

La cesión de la AP-9 se desbloqueó tras la moción de censura que desalojó de Moncloa al popular Mariano Rajoy, cuyo Gobierno había frenado la demanda unánime del Parlamento gallego. El Ejecutivo socialista permitió la tramitación de la ley para ejecutar esa transferencia, pero esta decayó por el adelanto electoral.

De todas, formas el Gobierno y la Xunta mantenían posturas muy alejadas sobre la concreción de esa cesión, pues las segunda exigía la eliminación de la subida anual del 1% del peaje durante 20 años y fondos para cubrir sus gastos. Además, el Ejecutivo se opuso el mes pasado de forma sorpresiva a la transferencia en una respuesta parlamentaria a En Marea