El apoyo del PNV al Gobierno de Pedro Sánchez para convalidar en el Congreso los llamados decretos sociales y hacerlos así efectivos ha permitido al País Vasco apurar el traspaso de cuatro competencias, de forma que la próxima semana se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para iniciar formalmente el procedimiento. Y entre estas nuevas competencias que asumirá el Ejecutivo vasco figura la titularidad de la autopista AP-68 que une Bilbao y Zaragoza. Mientras tanto, Galicia sigue esperando, sin éxito en ninguno de sus intentos y con la negativa del Gobierno, por hacer lo mismo con la AP-9.

En el paquete de los cuatro nuevos traspasos acordados con el PNV figuran las competencias relativas a la jubilación ordinaria de los trabajadores afectados por un ERE, a la legislación sobre productos farmacéuticos, al seguro escolar y al tramo de la AP-68 que discurre por el territorio vasco, que se sumará a la titularidad de un tramo de la AP-1 que también fue transferido al País Vasco.

Por el contrario, la demanda de Galicia por asumir la AP-9 cae en saco roto de forma reincidente. En esta legislatura, por primera vez, se acordó admitir a trámite en el Congreso la propuesta unánime del Parlamento gallego reclamando la transferencia. Fue en el último día del pasado mes de febrero, pero fue una votación simbólica porque a la semana siguiente se disolvían las Cortes por la convocatoria de elecciones generales, cerrando así el paso a la iniciativa gallega sin que realmente los distintos partidos llegaran siquiera a votar si apoyan o rechazan este traspaso. Lo que hicieron fue tan solo mostrarase a favor de debatir la propuesta. Nada más.

Además de ser una votación meramente simbólica, a este punto se llegó sabiendo que una semana antes el Ministerio de Fomento había respondido a la diputada Yolanda Díaz que el Gobierno no estaba dispuesto a culminar el traspaso. “Se considera oportuno mantener la AP-9 en la red de carreteras del Estado bajo la competencia de la Administración del Estado”, se recoge en la contestación por escrito registrada el 18 de febrero en el registro del Congreso de los Diputados.

Se argumentaba que la autopista forma parte de un itinerario internacional o que constituye el principal acceso para puertos o aeropuertos de interés general.

No obstante, la Xunta tampoco quiere la transferencia a cualquier precio. El Ejecutivo gallego tiene dos exigencias. Por un lado, considera que hay que modificar a la baja el convenio suscrito con Audasa para financiar las obras de ampliación de la autopista por el cual se prevé compensar a la concesionaria con más de 1.400 millones de euros a costa de una subida acumulativa de los peajes para los usuarios que llegará al 26,93 por ciento en 2043. La propuesta de la Xunta reduce los pagos a la empresa a 266 millones y plantea que salgan de las arcas del Estado repartidos en 53 millones anuales durante cinco años y no del bolsillo de los usuarios.

Y, por otro lado, demanda una rebaja del 25 por ciento en los viajes de ida y vuelta en el mismo día para todo tipo de vehículos que usen el VIA-T. Esto tendría un coste anual de 12,9 millones de euros, que también debería aportar la Administración central hasta el final de la concesión.