Una de las empresas más afectadas por la trama de corrupción supuestamente encabezada por el inspector de Hacienda en Vigo Asdrúbal Casares García es la firma Redcom, pionera en la telefonía móvil en Galicia. Tanto que además de abocar al cierre a 300 tiendas y enviar al paro a casi 400 trabajadores tras ser su propietario, Manuel Ferreira, acusado de un supuesto delito de fraude fiscal -del que resultó absuelto diez años después-, las consecuencias distan mucho de estar superadas. De hecho, el empresario tiene todavía bloqueados 9,6 millones de euros por actuaciones presuntamente iniciadas por Asdrúbal Casares, para quien el Juzgado de Instrucción numero 3 de Santiago, que lleva la causa, decretó el jueves su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.

Al parecer, el detenido aprovechaba su condición como alto cargo de Hacienda para proponer multas elevadas a grandes empresas para que luego fueran anuladas o reducidas mediante la intervención de una asesoría fiscal que actuaba como cómplice del inspector. Al frente de la asesoría está Francisco González, también detenido, pero que quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros, cuantía que abonó ayer.

Tras abrírsele a Manuel Ferreira un expediente fiscal en 2005, este se negó a llegar a acuerdo alguno con la Agencia Tributaria y pactar con Casares. El caso Redcom estalló al año siguiente, cuando a propuesta de Asdrúbal Casares se le retuvieron 3,3 millones de euros y se le interpuso una demanda penal contra Manuel Ferreira y un socio por presunto delito fiscal.

La sentencia absolutoria llegó diez años después, obligando a Hacienda a devolverle unos 5,5 millones de euros, los 3,3 retenidos y el resto en concepto de intereses, pero por el camino Ferreira se vio obligado a cerrar sus empresas. El caso es que después de clausurada la vía penal con dos sentencias, el inspector de Hacienda habría vuelto a la carga con Redcom, esta vez con la apertura de un expediente administrativo.

Y mientras tanto, situación que sigue a día de hoy, Ferreira no ha recuperado los 5,5 millones de euros. Pero además, para recurrir ante el Tribunal Económico y Administrativo el último expediente promovido por el inspector encarcelado, debió presentar una garantía, para lo que el empresario vigués tuvo que hipotecar un bien por valor de 4,1 millones de euros, que sigue inmovilizado mientras no se resuelva el expediente. Fuentes próximas a Ferreira informan de que el empresario, una vez termine todo el proceso, no descarta iniciar una demanda por los perjuicios económicos y empresariales sufridos por él y sus sociedades que se vio en la obligación de cerrar.