El conflicto alrededor de las primarias de En Marea comienza a desvelar algunas de las claves del choque entre la Comisión de Garantías y el Comité Electoral que ha dejado en el aire la consulta para elegir la dirección del partido que lidera la oposición en Galicia, tras la denuncia del primero de una supuesta vulneración de la protección de los datos de los militantes. Este último órgano tuvo acceso al censo para comprobar el cumplimiento de los requisitos para participar en el proceso de la mano del responsable de esta cuestión en la coordinadora, pero también mediante las claves que le facilitó la empresa privada que custodia esa información, ante la que alegó ser el órgano competente para velar por la limpieza de las primarias. Fuentes cercanas al Comité Electoral sostienen que cualquier acceso a estos datos se produjo "estando legitimado" para ello y recuerdan que solo autorizó a tres de sus trece miembros para operaciones de ese tipo.

El alcance de ese acceso es lo que está en tela de juicio, según fuentes rupturistas, en un conflicto en que la Comisión de Garantías está controlada por la actual dirección y el Comité Electoral, por los críticos.

Este último órgano solicitó a Gonzalo Rodríguez, miembro de la coordinadora encargado de la custodia de los datos censales, acceder a estos para comprobar cuestiones como que los miembros de cada candidatura estaban inscritos correctamente y que solo pudiese participar quien se hubiese registrado antes del día 23. Esas operaciones se realizaron en presencia de Rodríguez en al menos una reunión.

El conflicto se produjo cuando miembros del Comité Electoral requirieron de forma temporal las claves de acceso a esa base de datos, a lo que se negó Rodríguez alegando que permitirían consultar información que excedía la misión del Comité Electoral para velar por la limpieza del proceso, como direcciones o DNI's, e incluso otorgaba capacidad para dar altas y bajas, según fuentes de la coordinadora.

Entonces, el Comité Electoral requirió por escrito, según varias fuentes de En Marea, ese acceso al técnico de la empresa encargada de custodiar los datos, quien se lo proporcionó entendiendo que estaba legitimado para ello, pues se trata del órgano que vigila las elecciones internas y argumentó el bloqueo a sus competencias.

El supuesto acceso detectado posteriormente por la Comisión de Garantías, del que no ha aportado pruebas, fue el motivo para que esta frenasen las primarias, desencadenando el conflicto que ha quebrado por completo En Marea. La auditoría para comprobar esta última entrada en el censo estará concluida hoy, según fuentes de la coordinadora.

Mientras, el cruce de declaraciones continúa. El portavoz de En Marea, Luís Villares, reprochó ayer a los críticos querer votar "a toda costa", pese al riesgo de que no existan "garantías" en el proceso, y recordó las "irregularidades" detectadas en las primarias de Podemos Leganés que han obligado a repetir la consulta. "Lo que no quieran para ellos, que no lo quieran para nosotros", declaró.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, afín a los críticos, reclamó votar cuanto antes y advirtió de que conflictos como el actual "nunca salen gratis" en las urnas.

Además, Esquerda Unida (EU) acusó a la dirección de En Marea de "vulnerar los derechos" de las bases de En Marea al paralizar la consulta a través de la Comisión de Garantías.